El Gobierno francés estudia suprimir un día de fiesta para financiar programas de la vejez

Agendas y calendarios fueron consultados ayer masivamente en Francia para comprobar una dolorosa sospecha: después de haber disfrutado de tres festivos en mayo de este año, ya no podrán hacer lo mismo el próximo 1 de mayo, ni el 8 de ese mes, conmemoración del armisticio de la I Guerra Mundial, porque caen en sábado; y además, el Gobierno proyecta suprimir para siempre el Lunes de Pentecostés. El Gobierno quiere dedicar esa jornada a financiar un plan de ayuda a la vejez y a los discapacitados, pero la patronal y una parte de la derecha se oponen a que el nuevo día de labor sirva para pagar más gasto.

Una polémica rabiosa recorrió ayer toda la espina dorsal de la nación francesa, obligando al Gobierno a rebajar a "hipótesis de trabajo" lo que fuentes oficiales habían dado por cierto poco antes. A la patronal le parece estupendo el principio general de reducir los días festivos, pero ni hace especial falta en estos momentos de actividad económica al ralentí, ni acepta el precio de crear una nueva cotización social. Y esto es lo que sucederá si el proyecto sale adelante, porque las empresas y el propio Estado -como empresario de millones de personas- habrán de contribuir con el producto de la nueva jornada laborable.

El monto de tal cotización se estima entre 1.500 y 1.900 millones de euros, en función del colectivo al que afecte finalmente: la población activa supera los 25 millones de personas, pero no tendrán que hacer aportaciones ni los agricultores, ni otros empresarios individuales que no emplean a trabajadores. El dinero así recaudado no sería gestionado por la Seguridad Social, sino por un fondo distinto que rondaría entre el 0,2% y el 0,3% de la masa salarial, medida ésta muy criticada por algunos sindicatos.

La izquierda política da por hecho que la supresión del día festivo forma parte de la campaña gubernamental para acusar a los franceses de trabajar poco y constituye un regalo a Medef, la principal organización patronal. Sin embargo, uno de los dirigentes de esta última, Guillermo Sarkozy, dijo que "aumentar las cotizaciones suplementarias a las empresas, cuando se busca impulsar el crecimiento económico, es una mala señal".

No menos crítico se mostró el sector liberal de la UMP, el partido en el poder: "La supresión de un día festivo es una idea muy mala. Hace más falta trabajar para sí mismo que para el Estado", martilleó Alain Madelin, el principal inspirador del ala liberal de la derecha francesa. Algunos expertos en análisis económicos advierten de que los trabajadores percibirán los mismos ingresos por un número mayor de horas de trabajo, lo cual reducirá la parte de los ingresos salariales en el PIB y no ayudará a aumentar el consumo ni la inversión.

Las críticas explican por qué el primer ministro, Jean-Pierre Raffarin, se negó a confirmar el plan de supresión del Lunes de Pentecostés como festivo, en contra de las filtraciones realizadas por otros sectores del Ejecutivo. Los servicios del primer ministro se limitaron a dar por cierto que se estudia, "entre otras hipótesis", la de una "jornada nacional de solidaridad con las personas dependientes", pero "las decisiones finales no han sido tomadas", aseguró.

Los autores del proyecto prevén que el Lunes de Pentecostés se trabaje a partir de 2004. No afecta a la fiesta religiosa, porque la celebración correspondiente se efectúa en domingo, pero el lunes siguiente era hasta ahora inhábil a efectos laborales, asegurando así uno de los afamados puentes franceses. De llevarse a cabo, la supresión de una de las 11 festividades nacionales dejaría el calendario laboral de este país en uno de los más cortos de Europa a efectos de fiestas, frente a las 14 habituales en España (12 de carácter nacional, una autonómica y una local).

Un día menos

Con el producto de la supresión de un día festivo debería pagarse la "ayuda personalizada de autonomía (APA)", un sistema de asistencia social implantado por el anterior Gobierno de Lionel Jospin, que el actual Ejecutivo de derechas ha denunciado frecuentemente como una medida sin financiación. El éxito de esta ayuda (que no es una pensión contributiva) ha sido fulminante: nada menos que 670.000 personas de 60 años o más tienen derecho a recibirla, lo cual cuesta alrededor de 500.000 euros este año, y se espera un aumento explosivo del número de peticionarios.

Se especula con que otra parte del dinero eventualmente recaudado permitirá paliar las carencias en los servicios de urgencia hospitalaria y casas de la tercera edad, pero les parece muy poco a profesionales de la medicina y de atención a la tercera edad en relación con las auténticas necesidades reveladas por la dramática ola de calor del último verano.