Expertos piden variar la LRAU para proteger a los propietarios

Arquitectos, urbanistas y juristas coincidieron ayer en Alicante en la necesidad de modificar aquellos aspectos de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) que generan indefensión de los propietarios del suelo frente a los agentes urbanizadores. En el transcurso de unas jornadas, organizadas por la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de Alicante, intervino José Díaz Delgado, magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. El jurista subrayó que el objetivo de la LRAU era urbanizar, pero esa actividad ha generado algunos problemas de "indefensión entre los pequeños propietarios, para quienes es más difícil controlar el valor del suelo y su gestión".

Para el magistrado del TSJ, uno de los problemas más importantes que genera la LRAU es poner de acuerdo los intereses de dos partes -urbanizador y administración- sobre los bienes de una tercera, que es el propietario, que se queda al margen de la negociación. "Ésto en ámbito del derecho es incomprensible", dijo el magistrado. Díaz reconoció que los propietarios cuando impugnan Planes de Acción Integral (PAI) no presentan alegaciones en este sentido. El magistrado del TSJ comentó que la Ley está plagada de "conceptos jurídicos indeterminados y que a la Administración le concede una potestad extraordinaria".

Reglamento de gestión

A continuación, Díaz expuso "algunos casos sangrantes" de propietarios afectados por la LRAU que han sido resueltos por TSJ. El magistrado defendió la conveniencia de contar con un "reglamento de gestión" en la articulación de la LRAU para evitar la actual "jerarquización". Díaz aplaudió que, entre las reformas en la Ley anunciadas por el Consell, figure la introducción de un sistema de selección del urbanizador más objetivo.

Por su parte el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante, Juan José Díez, reconoció que la LRAU requiere algunas modificaciones en sus aspectos más problemáticos, y citó como ejemplo "los procesos de selección del urbanizador". A juicio de Díez se debe "dar concurrencia competitiva que puedan facilitar mejor respuesta a la demandas sociales", y no centrarse exclusivamente en los urbanizadores tradicionales.

El catedrático consideró que la reforma de la norma debe concretar "todas las garantías tradicionales en el régimen jurídico públicos (notificaciones, conocimiento por parte de los titulares de los distintos derechos o intereses, resoluciones, y trámites administrativos) ya que en muchas ocasiones ésto no se cumple y el ciudadano queda indefenso. El académico recordó que la asunción de los costes de urbanización por parte de los propietarios "los desplaza" de la operación. "Lo normal es que los costes los fijen los promotores, y en ocasiones estos costes se disparan y no resisten la economía familiar", concluyó.