Londres y París plantean rebajar el proyecto de Constitución de la UE

Los ministros de Exteriores del Reino Unido y de Francia, Jack Straw y Dominique de Villepin, respectivamente, encabezaron ayer en Bruselas al numeroso grupo de países que exigieron mantener el derecho al veto en asuntos clave para la construcción europea como la fiscalidad, el derecho penal o las competencias presupuestarias de la Eurocámara. Con sus iniciativas, a las que unas veces se sumaron los países candidatos y otras los contribuyentes netos, intentan rebajar el proyecto de Constitución de la Unión Europea (UE).

Los ministros de Exteriores de los 25 (los Quince más los diez de la ampliación, más Bulgaria, Rumania y Turquía, estos tres últimos como observadores) se reunieron en la capital comunitaria para intentar aproximaciones sobre el texto constitucional. Lo lograron en pocos puntos, mientras las discrepancias fueron incontables. "Será peligroso abrir tantos puntos de la propuesta constitucional que nosotros defendemos", advirtió Franco Frattini, ministro de Exteriores de Italia, país que preside la UE. "Todos vienen con las rebajas; parece que ha llegado la Navidad", advirtió el eurodiputado español Íñigo Méndez de Vigo, que asiste como observador en nombre de la Eurocámara a las reuniones de la Conferencia Intergubernamental (CIG).

Straw dejó claro que Londres rechaza categóricamente que sean aprobados por mayoría cualificada los asuntos que afecten a las normas fiscales, la seguridad social o el derecho penal. Se le sumaron Austria y Dinamarca. El ministro británico también quiere mantener el derecho al veto al aprobar las perspectivas financieras plurianuales que incluyen el reparto de los fondos. Le apoyaron Suecia, Holanda y casi todos los candidatos. Londres tampoco quiere que el Parlamento Europeo tenga la última palabra al aprobar los gastos anuales del presupuesto. En este caso contó con el apoyo de Francia, además de Suecia, Dinamarca, Holanda y los candidatos. "Es una declaración de guerra", interpretó Méndez de Vigo. Esta propuesta había partido del Consejo de Ministros de Finanzas, temeroso de perder poder en esta singladura.

Las propuestas quedaron en el aire. Por el contrario, quedaron casi zanjados otros litigios que refuerzan el poder del Consejo, de los Gobiernos. Así, desaparecerá del texto constitucional la creación de un Consejo Legislativo, una especie de segunda Cámara al modo federal sólo defendida por Alemania, Bélgica y Portugal. Y quedó encauzada la creación de equipos presidenciales de tres o cuatro países que durante 18 o 24 meses dirigirán los consejos de ministros sectoriales (Agricultura, Competitividad, Transportes...), así como el probable refuerzo del papel del presidente estable de la UE.

La posibilidad de que en el preámbulo constitucional figure la referencia a las raíces judeo-cristianas de la cultura europea encuentra en cada reunión de la CIG menos rechazos. Ayer, sólo Bélgica y Turquía la rechazaron de plano, si bien cuentan con el explícito apoyo de París.

Tanta discrepancia, sin haber entrado aún en los litigios más graves (reparto de poder en el Consejo, integrantes de la Comisión o distribución de escaños en la Eurocámara), le llevó a la ministra española de Exteriores, Ana Palacio, a comentar que "cada vez es más claro" que "el supuesto consenso [sobre el proyecto constitucional] es una falacia". "Cada vez hay más consenso en que no hay consenso, salvo para unos pocos". Para la ministra, la propuesta constitucional de la doble mayoría para tomar decisiones en el Consejo (una mayoría de países que represente al menos al 60% de la población, que es el punto que más molesta a España) es "inaceptable y lesiva" para los intereses de la UE.