Un pacto con los ciudadanos para realizar los derechos de todos

Andalucía se suma a la iniciativa europea de celebrar hoy el Día de la Justicia Civil, que se enmarca en la obligación de los poderes públicos de remover los obstáculos que se opongan a la realización individual y efectiva de los derechos reconocidos en los ordenamientos jurídicos. Ratificamos públicamente, desde el Gobierno andaluz, los compromisos que contrajimos hace seis años, cuando se puso en activo la competencia estatutaria sobre la Justicia. Esta decisión tuvo dos puntos de referencia claramente políticos: el máximo desarrollo del autogobierno recogido en el Estatuto de Autonomía, y la obligación constitucional de facilitar la tutela judicial a todos los andaluces en pie de igualdad, mediante un servicio público digno y de calidad.

La administración del sistema judicial es complicada y tiene tantas facetas, que basta que una cara de ese poliedro se desluzca para que la imagen que proyecte pierda en definición, en claridad, y haga disminuir enteros en la opinión pública. Una sentencia incomprensible, un problema de criminalidad, un retraso injustificado, una avería informática, siendo cuestiones tan dispares, pueden dar al traste de igual forma con el prestigio labrado durante meses por cientos de sentencias acertadas, el acortamiento del tiempo de los litigios o la eficaz gestión informatizada de los juzgados. Pero, más allá de estas dificultades, es ya una evidencia que los andaluces hoy están mejor atendidos por una Justicia que se presta con mayor cercanía, de forma eficiente y cada vez más comprensible. Por eso nos sumamos con satisfacción al Día de la Justicia, abriendo las puertas de esos palacios de justicia de Andalucía, que van siendo ya ciudades y casas de la justicia.

Celebramos este día en un escenario que presenta no pocas dificultades. Hace algo más de dos años, las Comunidades Autónomas suscribimos con el Ministerio de Justicia un acuerdo, que más adelante se incluyó en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, en el que todos manifestamos, o al menos así lo creímos entonces, la voluntad de mejorar un sistema que nos estaba alejando de los estándares europeos en lo que se refiere a la credibilidad, tiempos de respuesta, seguridad y previsibilidad de la justicia, afectando a los derechos de los ciudadanos, y a la marcha adecuada de las instituciones y, especialmente, de los mercados y de la economía.

El Pacto de Estado no fue un acuerdo provocado por los buenos sentimientos de las administraciones, sino por las obligaciones que éstas debían cumplir. Nosotros pusimos el énfasis en dos direcciones: mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia, y dotar al sistema judicial de medios humanos, técnicos e infraestructurales para desarrollar correctamente sus tareas.

Así, la asistencia jurídica gratuita tiene hoy una calidad y extensión que nos permiten hablar de igualdad de todos los andaluces, incluyendo en ellos a los que llegan a nuestra tierra buscando una vida menos terrible, al reclamar la acción de la Justicia. Por su parte, el Plan de Infraestructuras Judiciales, con 10 obras terminadas y 25 en marcha (con realizaciones tan notorias como los nuevos Juzgados de Almería o de Baeza), el incremento de 1.000 efectivos, la incorporación de nuevas tecnologías que nos sitúan a la cabeza de España y en una posición homóloga a la de muchos países europeos, hablan a las claras de que nuestros compromisos no fueron una música oportunista, sino que tienen una letra que consiste en multiplicar la inversión y hacer el gasto eficiente, duplicar las cifras presupuestarias y llevar adelante un extraordinario esfuerzo técnico y organizativo, para rentabilizar socialmente estos gastos.

Mientras tanto, la administración del Estado no sólo ha incumplido sus compromisos económicos y organizativos, sino que está haciendo todo lo posible por entorpecer nuestro trabajo. El parcheo de leyes sustantivas y procedimentales, la desafortunada tramitación de la Ley Orgánica, el trasfondo centralista opuesto al espíritu y a la letra de la Constitución, las posturas del Gobierno apoyadas sólo en su mayoría parlamentaria y de ningún modo en la racionalidad o la forma de legislar a golpe de titular de prensa, están privando a nuestro país de un marco jurídico lógico y estable, premisa necesaria para el buen funcionamiento de la justicia.

En este Día Europeo de la Justicia, y en los que vendrán después, seguiremos trabajando, junto con todos los que intervienen en el sistema judicial, para poner a disposición de los andaluces un servicio público moderno, eficaz, atento a sus necesidades. En realidad, ese es el pacto que más nos interesa y obliga: el que tenemos con los ciudadanos para la realización de los derechos de todos.

Carmen Hermosín Bono es consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía