El PSOE propone suprimir las sociedades de aguas y un cambio radical en las confederaciones hidrográficas

El PSOE propone un cambio radical en la cultura del agua en España a través de unas nuevas confederaciones hidrográficas y la supresión de las sociedades estatales del agua, según un documento aprobado por el comité federal y consensuado con las federaciones regionales.

Los nuevos órganos de gestión del agua darán cabida a profesionales multidisciplinarios y más participación a las comunidades autónomas, expertos en sistemas fluviales, organizaciones sociales y otros usuarios que no sean sólo los mayores consumidores como ahora. Según el PSOE, la pretensión del PP de aprobar la Directiva Marco en la Ley de Acompañamiento es un fraude al ordenamiento jurídico. Para la secretaria federal de Medio Ambiente y Vivienda, Cristina Narbona, cambiar la Ley de Aguas mediante un gran paquete de enmiendas del PP (toda la Directiva Marco) no sólo elude el debate parlamentario, sino que supone un fraude de ley.

Ayer dirigió una carta al presidente del Consejo Económico y Social (CES), Jaime Montalvo, en la que expresa su queja porque un cambio legislativo de tal envergadura esquive los informes previos del CES y del Consejo de Estado.

Narbona sostiene que "el Gobierno mete en las demarcaciones hidrográficas a las confederaciones de cuencas y las aguas costeras, asociadas a ellas, de una forma simple, pero manteniendo intactos los órganos de gestión, sin dar participación a las comunidades autónomas".

De la misma manera que el Consejo de Seguridad Nuclear ha delegado el control radiológico a ciertas autonomías, el PSOE sostiene que se podría hacer también una "encomienda de funciones" a las autonomías en abastecimientos y depuración.

La alternativa socialista apuesta por crear una Conferencia Sectorial del Agua como institución de referencia para definir las políticas del agua y a partir de ahí unos órganos de gestión (actuales confederaciones hidrológicas de cuenca) más eficiente y moderna. Para hacer esa gestión viable, el PSOE apoya la revisión de las concesiones de agua y su reasignación en función de la eficiencia de los usos.

En esta misma línea propugna la repercusión de los costes del agua sobre los usuarios, tema sobre el que el PP "pasa de puntillas en la transposición de la Directiva", según Narbona. Durante 2002, la cuenca del Guadalquivir ingresó sólo 3,4 millones de los 60 que le adeudan los usuarios. En muchos casos las tarifas no se corresponden con los costes o se imputan un alto porcentaje de éstos (hasta un 80% en algunos casos) al Estado, como en el caso de las presas por la función de laminación de avenidas que se les atribuye.

En cuanto a las sociedades estatales de aguas, que han recibido 5.200 millones de euros en aportaciones del Estado (hasta 2004), el PSOE quiere su desmantelamiento gradual y trasladar a los organismos de cuenca su personal y sus recursos financieros.

Dentro del papel que el PSOE quiere asignar al Senado, como garante de las políticas territoriales, también aspira a que cumpla un papel similar sobre el uso del agua a partir de un debate anual que tenga como punto de partida las memorias de los organismos de cuenca. Este es el foro idóneo, según el PSOE, donde las comunidades autónomas contribuirán "a la formación de una política de aguas" que debe seguir siendo cuestión de Estado.