La juez Palacios decide seguir el caso del SCH pese a la petición fiscal

La juez Teresa Palacios decidió ayer transformar en procedimiento abreviado las actuaciones que tramita contra el presidente del banco Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín; el ex copresidente, José María Amusátegui, y el ex vicepresidente Ángel Corcóstegui, pese a que el fiscal pidió el archivo de la causa por considerar que no existe delito. La juez investiga las elevadas retribuciones percibidas en concepto de bonus, prejubilación y jubilación cuando los dos últimos dejaron el banco.

El fiscal Jesús Caballero había solicitado el pasado 16 de septiembre el archivo de la causa por entender que las cantidades que recibieron Amusátegui y Corcóstegui encajaban en el artículo 37 párrafo 4 de los estatutos del SCH, pero la magistrada, en un auto durísimo, que se conoció ayer, considera que los hechos revisten indiciariamente los caracteres de un delito de administración desleal, que se castiga con un pena de entre seis meses y cuatro años de prisión o multa de tanto al triplo del beneficio obtenido.

Teresa Palacios ha dado un plazo de 10 días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o para que, en caso contrario, soliciten el sobreseimiento de las actuaciones. La juez Palacios tiene abierto otro procedimiento contra Botín y varios directivos del antiguo Santander por el caso de las cesiones de crédito, en el que también actúa en contra del criterio del fiscal.

Fuentes del banco anunciaron que recurrirán la decisión de la juez porque las retribuciones de sus ex directivos fueron totalmente legales y transparentes, se ajustaron a lo establecido en los estatutos de la entidad y a la legislación vigente.

Nulidad insubsanable

El auto de la juez detalla las cantidades percibidas por Amusátegui -bonus de 43,7 millones de euros y siete millones anuales por pensión por jubilación- y Corcóstegui -108 millones por prejubilación- y señala que esas cantidades están reflejadas en unos contratos viciados de nulidad que no puede ser subsanada ni por un acuerdo de un consejo de administración posterior ni porque la Junta General de Accionistas haya aprobado las cuentas.

La juez precisa que, según los estatutos del banco, los administradores tienen derecho a percibir sus retribuciones en tanto se hallen en el desempeño de sus funciones, pero no se establece remuneración alguna por cese. Además, Botín actúa en los contratos en calidad de presidente del Banco Santander, mientras que Amusátegui lo hace en su propio nombre. "No se alcanza a comprender", dice el auto, "qué facultades dispone el presidente de la entidad Banco Santander para acometer ese acuerdo privado en nombre de dicho banco a las puertas de una fusión con otro que tendría que soportar conjuntamente el pago de las cantidades fijadas en el contrato o contratos y, menos aún, que el señor Amusátegui actúe (...) en su propio nombre y derecho, como si de un particular ajeno a la sociedad se tratara, porque parece que desde esta posición privada se actúa al margen del órgano directivo del Banco Central Hispano, en cuyo seno era presidente".

La magistrada señala que ambos directivos se extralimitaron en las facultades y funciones que tenían en la sociedad y que por tanto los acuerdos privados, utilizando los fondos de la entidad gestionada sin ser propietarios de ella, no pueden subsanarse y convertirse en legales porque se sometan posteriormente al Consejo de Administración o a la Junta de Accionistas.

Tras señalar que algunos directivos que han dejado el banco no han cobrado cantidad alguna, la juez señala que tan elevadas percepciones han causado un elevado perjuicio a los accionistas que deberían haber percibido mayores beneficios. Y entiende que los hechos constituyen delito de administración desleal, pues si los directivos del SCH querían regular unos pagos, deberían haber promovido una reforma de los estatutos en lugar de dar apariencia legal a lo ilícito y situarse extramuros de la [legislación]".