Los defensores del Pueblo exigen una intervención pública para abaratar el suelo

Las cooperativas sólo construirán el 4% del total de las viviendas nuevas este año

Los defensores del Pueblo de toda España han alzado por primera vez su voz para pedir a las distintas administraciones que intervengan en el mercado del suelo para abaratar su precio y procurar que se cumpla el derecho constitucional al acceso a una vivienda digna y asequible. Asimismo, han exigido que los patrimonios públicos de suelo se adjudiquen mediante concurso y se destinen al alquiler o la vivienda de protección oficial. Los cooperativistas, que sólo construirán el 4% del total de viviendas, también han denunciado que el mecanismo de adjudicación de suelo público alimenta la especulación.

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El defensor del Pueblo, Enrique Múgica, y sus homólogos de las 10 comunidades autónomas donde existe esta institución (Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y País Vasco) aprovecharon ayer la reunión que mantuvieron en Toledo para hacer un llamamiento a las distintas administraciones de que intervengan en el mercado del suelo de manera activa para evitar la especulación, principal causa de la carestía de la vivienda.

Entre las medidas concretas que exigen, adem´s de mayor coordinación entre las distintas administraciones, se encuentra la de considerar como "patrimonios municipales del suelo" los bienes inmuebles pertenecientes a todas las administraciones (entre los que se podrían incluir los terrenos del Ministerio de Defensa, Renfe, etcétera), con lo que se ampliaría notablemente el patrimonio de suelo público.

Paralelamente, se pide la eliminación del sistema de subasta, que encarece notablemente el precio de los terrenos, favoreciendo la especulación, y su sustitución por el sistema de concurso. Asimismo, piden que se fijen unos plazos obligatorios de construcción para evitar la retención especulativa del suelo.

Los defensores del Pueblo recomiendan que el establecimiento de un porcentaje obligatorio del total del suelo se destine a la vivienda protegida, y se asegure el acceso a colectivos como minusválidos, mujeres con cargas familiares, inmigrantes y víctimas del terrorismo. Por contra, desean que se aumenten las penalizaciones y multas para aquellos que "trafiquen" con las viviendas protegidas.

Respecto al mercado del alquiler, los defensores piden, entre otras medidas, la implantación de exenciones fiscales que, por un lado, fomenten su construcción bajo régimen de protección pública y, por otro, favorezcan a ofertantes y demandantes, así como el establecimiento de programas de rehabilitación de viviendas en alquiler en centros urbanos.

Las conclusiones salidas de estas XVIII Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, celebradas ayer en Toledo, no serán "declaraciones vanas", sino que serán remitidas tanto al Parlamento nacional como a los de las comunidades autónomas, según señaló el procurador del Común de Castilla y León, Manuel García Álvarez, informa Efe.

En la misma línea se pronunciaron ayer los cooperativistas. "Los concursos de adjudicación de suelo procedentes de las administraciones públicas y de los consorcios urbanísticos en España son casi inexistentes, poco ágiles y transparentes, favoreciendo que se creen tramas de intereses", es una de las conclusiones de la VII Jornada del Cooperativismo de Viviendas, organizada por la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (Concovi), si bien se descarta el procedimiento de subastas como fórmula para enajenar suelo público destinado a vivienda protegida. Los cooperativistas han denunciado que las administraciones retienen parcelas ya desarrolladas, jugando a especular, en lugar de sacarlas a concurso.

El papel de las cooperativas sigue siendo escaso en el mercado de la vivienda. Este año se iniciará la construcción de sólo 24.000 nuevas viviendas en 2003, lo que supondrá incrementarla en un 20% respecto al pasado año, pero tan sólo representan el 4% del total de viviendas que se edificarán en España, según señaló Fraile, informa Inmaculada de la Vega.

Subida del 85,4%

En el mismo foro, se puso de manifiesto que el precio de la vivienda se encareció en un 85,4% entre 1991 y 2002, cuando el precio del metro cuadrado alcanzó los 107.884 euros, frente a los 58.171 que suponía a comienzos de los noventa, mientras que los salarios crecieron un 55,4% en el mismo periodo, hasta una media de 17.080 euros registrados el pasado año, según un estudio del profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, Pedro Morón.

En el auge de las viviendas también influye la demanda de ciudadanos extranjeros, que adquirieron el 30% de las 135.000 viviendas de costa que se vendieron el pasado año en España, cuyo importe total ascendió a 15.700 millones de euros, según un informe de DBK, informa Europa Press.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 20 de octubre de 2003.

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