La mala pasada del domicilio

Un cambio de domicilio ha jugado una mala pasada a Francisco Javier Fernández Solís, secretario del sindicato Conferación General del Trabajo (CGT) en Sevilla. Tan mala que la alianza de un cúmulo de circunstancias hizo que pasara la noche del sábado en la cárcel por una causa judicial abierta en enero de este año y de la que asegura no haber tenido constancia hasta el pasado viernes. "Ha sido todo muy raro, no tiene lógica alguna", afirma Fernández Solís, un trabajador de Telefónica acostumbrado a participar en protestas laborales, pero que hasta la fecha no se había encontrado en una situación siquiera parecida.

El origen de su ingreso en prisión está, precisamente, en una protesta que se celebró el 17 de enero en Sevilla ante una sede de la empresa Iberphone por el despido de 300 trabajadores. Fernández Solís recuerda que aquel día unas 60 personas se manifestaron ante la sede de la empresa, en La Cartuja, y que hubo unas pintadas en las que dice que él no participó.

La empresa, relata Miguel Ángel García Mariscal, abogado del dirigente de la CGT, presentó una denuncia por deslucimiento de inmuebles contra Fernández Solís "porque es al que conocen". El abogado añade que el asunto cayó en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que envió distintas citaciones a Fernández Solís a un domicilio en Alcalá de Guadaíra en el que éste ya no residía, aunque, según fuentes policiales, era donde seguía empadronado. "En junio, ante la ilocalización, el juzgado dictó una orden de busca y captura y de ingreso en prisión", añade el letrado.

Y así, hasta el pasado viernes, cuando el dirigente de la CGT participaba en una protesta contra la empresa que opera en el tanatorio de Sevilla, SCI, por su plan de presentar un expediente de regulación de empleo.

Fernández Solís asegura que sobre las 9.00 horas fue identificado por la policía, como había ocurrido en las dos semanas precedentes, en las que también había habido concentraciones ante el tanatorio. Pero el pasado viernes la novedad fue que horas después, sobre el mediodía, los mismos agentes -"muy correctos", afirma- le dijeron que tenía que acompañarlos a comisaría.

De ahí fue trasladado al juzgado de guardia, donde a última hora de la tarde él y su abogado supieron de la existencia de la orden de busca y captura (por reiterada incomparecencia) y, por ende, de la denuncia inicial.

El letrado añade que el juez que estaba de guardia el viernes por la tarde no pudo ver el procedimiento contra Fernández Solís, por lo que ordenó el ingreso en prisión del dirigente de la CGT en base a la orden dictada por su compañero. El abogado afirma que el juez también estuvo "correcto", aunque lamenta que una "mera cuestión organizativa" -la imposibilidad de conocer las actuaciones que siguen contra Fernández Solís- "impidió dejarlo en libertad".

El sábado por la mañana, el dirigente de la CGT compareció de nuevo ante el juzgado de guardia, que le comunicó la imposibilidad de localizarlo en los últimos meses y lo dejó en libertad con la medida cautelar de presentarse los días 1 y 15 de cada mes.

Fernández Solís afirma que como secretario de este sindicato "siempre" ha estado localizable y que lo peor de todo ha sido el estar esposado y su llegada a la cárcel. "Me tuve que desnudar para que revisaran la ropa y no entendí muy bien por qué", dice Fernández Solís.