La precariedad de ETA

ETA convierte a quienes ceden en contribuyentes anuales, según la nueva fórmula de la banda

Los expertos calculan que 1.500 personas han recibido cartas de extorsión tras la tregua

El gerente de una mediana empresa vizcaína que ha accedido a dar su testimonio a este periódico ya está al tanto, como muchos compañeros suyos -"ayer mismo fue el único motivo de conversación en una cena", dice-, de que ETA ha lanzado una nueva oleada de cartas amenazantes y está convencido de que un día de éstos recibirá la misiva "por tercera vez".

Lo deduce porque decidió no ceder a las anteriores. Recuerda con detalle el día en que abrió en su despacho, a mediados del pasado año, la primera carta, en euskera y con una explicación panfletaria sobre sus objetivos políticos, exigiéndole 180.000 euros. "No soy histérico ni alocado, pero traté de evaluar los riesgos de una decisión", recuerda. "Pese a todo, opté por no pagar, principalmente por dos razones: una, de estómago, para no contribuir a comprar las balas con las que luego matan; la segunda era de raciocinio: si te aprietan y pagas, lejos de comprar seguridad, te has convertido en un contribuyente estable garantizado. De mi entorno hay tres amigos que han pagado, y no lo han hecho sólo una vez".

Expertos de la lucha antiterrorista consultados estiman que, mientras el envío de la primera remesa fue tan masivo que su extensión resulta difícil de evaluar, al menos unas 1.500 personas habrían recibido la segunda misiva etarra entre el pasado año y el actual. Con la estrategia de "socializar el terror y el dolor" y a causa de su debilidad operativa, ETA extendió su chantaje al máximo número de personas una vez rota la tregua. Introdujo, además, otra variante más sutil y perversa, al extender la amenaza al entorno familiar del extorsionado para conseguir así mayor eficacia. "La segunda carta que recibí, escrita ya en castellano, se la enviaron a mi mujer con el remite de un amigo común", cuenta el directivo vizcaíno.

Si recibe el tercer aviso, tomará medidas de autoprotección. "Pero no pagaré. Aunque la segunda carta ya nos produjo un gran desasosiego, porque casi me situaba en la alternativa de ser un contribuyente estable o marcharme de Euskadi, creo que es mejor no pagar. Tengo amigos que se han ido de Euskadi por no haber pagado. Y hasta se ha dado la paradoja de personas que se han ido a vivir al sur de Francia, porque saben que allí no les va a pasar nada. Pero en ninguno de los casos sales bien parado", añade.

Aunque él se ha negado al chantaje, tiene la percepción de que "muchos pagan", sobre todo en las pequeñas empresas, talleres y comercios. "Es que resulta muy difícil resistirse por la forma en que se recauda en este tipo de empresas, mientras que en el ámbito de las grandes es más fácil rehuir la presión".

Esta percepción la comparte el propietario de una compañía que accedió a explicar a este periódico su experiencia de extorsionado que se ha resistido varios años al chantaje. "Si no nos negamos a pagar, esto no se va a acabar nunca porque es una mafia auténtica", dice con esa firmeza que le ha empujado a rebelarse contra el asedio persistente.

"Estuve a punto de dejarlo todo, el país y la empresa, la obra de mi vida, levantada por mí, y que continuarán mis hijos. Pero había demasiada gente que dependía de forma indirecta de este negocio, de modo que, tras analizar la situación, opté por continuar. No necesito trabajar para vivir, pero no quise cerrar la empresa por sentido de responsabilidad, para no dejar colgados bastantes puestos de trabajo directos e indirectos que dependen de este negocio", reconoce. Vive incómodo, en medio de todo tipo de precauciones, ha renunciado a la ostentación y a vivir en una casa que no ofrece toda la seguridad que la situación requiere, pero no se va porque su familia y su negocio están en Euskadi.

Ante este dilema dramático, las fuerzas de seguridad, a las que consultan los empresarios en busca del consejo más seguro, no suelen ofrecer especiales garantías sobre cómo hacer frente a la situación que se les plantea. Incluso se ha dado el caso de que la propia policía ha situado al amenazado ante una disyuntiva envenenada. "O pagas o te marchas", fue la solución que, a título personal, le ofreció un mando de la Ertzaintza a su interlocutor extorsionado.

Pero estos dos empresarios citados, al igual que otros muchos, están convencidos de que quienes ceden se convierten automáticamente en contribuyentes periódicos y permanentes, porque ésta es la fórmula que ha impuesto la banda terrorista en la actualidad. "Ya no piden, como antes, una gran cantidad y te dan el recibo; ahora quieren comprometerte a pagar una cuota menor anual; ser en definitiva un contribuyente de su hacienda paralela", afirman.

¿Y cuál es entonces el estado de ánimo del extorsionado? Más que "asustado", el dueño de un pequeño negocio o taller, el comerciante o el profesional de los pueblos rurales del País Vasco y de Navarra está "resignado" ante este chantaje, según sostienen en medios nacionalistas. Decididos o resignados a no abandonar el País Vasco, y sometidos a la presión familiar y ambiental, muchos receptores de las cartas etarras se encuentran ante otra situación desesperada, como es la de buscar un intermediario en "los medios abertzales habituales", según les indica la misiva.

Por operatividad, en los últimos años ETA descentralizó hacia la izquierda abertzale la recaudación que antaño se hacía en Francia -lo evidenció una operación de la Ertzaintza contra el aparato de recaudación en 1993-. Pero la presión policial y judicial está neutralizando la impunidad en la que se han ido moviendo los intermediarios del entorno radical en los últimos años. "Ahora pagar se ha convertido en un problema", aseguran fuentes empresariales, "porque el intermediario sabe que se la juega". Según un testimonio recogido, hace unos meses el pagar a ETA llegaba a ser tan sencillo como negociar con el concejal de Batasuna del pueblo del extorsionado, que incluso conseguía una rebaja sobre lo exigido en la carta.

"Eso sí, siempre tenían el especial cuidado de afirmar que [el dinero] era 'para las fiestas o para los presos", señalan las mismas fuentes. En medios nacionalistas sostienen que este interés de ETA por extender y ensanchar la extorsión económica de forma indiscriminada a comerciantes y empresarios pequeños no sólo persigue el sometimiento del sector económico del país. Su objetivo sería el recuperar, en la medida de lo posible, la red de colaboración económica tejida a lo largo de estos 20 años en los pueblos, en torno al mundo ideológico de la izquierda abertzale.

Se trata de un colectivo que durante años habría contribuido de forma voluntaria, con cantidades muy variables y no reguladas, pero periódicas, al sostenimiento de la estructura política y que, en los últimos años -especialmente tras la ruptura de la tregua y la decepción originada por ello- se habría "relajado" y habría dejado de aportar sus cuotas en la misma proporción en que la izquierda abertzale perdía votos. Este sector ahora desafecto se siente con "mecanismos de defensa" para no amedrentarse y protegerse de las consecuencias que pudiera ocasionarle el no ceder al chantaje.