La vivienda social cae 26 puntos desde que el PP llegó al poder

El encarecimiento de la vivienda libre en los últimos años no se ha visto compensado con una oferta asequible de viviendas de protección oficial (VPO), sino más bien al contrario. Desde 1995, año en que el PP accedió al poder, la construcción de VPO ha sufrido un fuerte retroceso con una caída de 26 puntos. Según datos de la Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos, en 2002 el número de visados expedidos para viviendas protegidas fue de 7.455, una cifra que apenas representa el 11% frente al 89% de las de renta libre.

"El suelo es tan caro que imposibilita la construcción de viviendas sociales"

En 1996, el diferencial entre viviendas libres y protegidas en la Comunidad Valenciana era de 27 puntos. Seis años después, éste se elevó a 79, de manera que, actualmente, sólo una de cada diez viviendas en construcción es de protección oficial.

En una coyuntura económica definida por el alto precio de las viviendas a causa, según los constructores, del encarecimiento y de la escasez del suelo, los promotores han apostado por la promoción de viviendas libres debido, entre otros motivos, a la escasa rentabilidad de las VPO. En este sentido, el presidente de la Federación Provincial de la Construcción de Alicante (FECIA), Ramón Jerez, explica este hecho: "El suelo es tan caro que imposibilita la construcción de viviendas sociales". Y añade: "Difícilmente bajarán los precios de las viviendas si los ayuntamientos no reservan suelo para las edificaciones protegidas".

En el año 2002, las viviendas subvencionadas en la Comunidad Valenciana, apenas representaron el 11% del parque total de las casas previstas; mientras las de renta libre acapararon el resto del mercado inmobiliario.

A tenor de los datos recogidos por la Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos, dependiente de la consejería que dirige Rafael Blasco, y facilitados por el PSPV, el descenso vertiginoso de las viviendas protegidas se inició a partir de 1997. En ese año la Generalitat redujo en casi diez puntos el porcentaje de VPO proyectadas en comparación, en términos porcentuales, con el año precedente, según los datos oficiales. Durante el mismo ejercicio, los colegios de aparejadores y arquitectos de las tres provincias (Alicante, Valencia y Castellón) visaron 12.907 proyectos de Viviendas protegidas, un volumen que, entonces, representaba el 27% del total.

A partir de aquí, las previsiones para construir este tipo de viviendas enfilaron la caída libre hasta registrarse un 8% en 2001, con la ejecución de 5.827 unidades. Esta tendencia decreciente se rompió en 2002 -un año antes a la celebración de los comicios autonómicos y municipales-, si bien la diferencia entre las viviendas de renta libre y las protegidas continuaba siendo abismal (63.172 libres por 7.455 protegidas). "Se trata de una disminución sin precedentes, en tanto que el incremento del precio del suelo dificulta extraordinariamente la producción de viviendas protegidas", afirma Francesc Signes, secretario de Política Territorial del PSPV. Signes denuncia que, mientras la producción anual de viviendas en la Comunidad Valenciana es de 50.000, las protegidas no han seguido un incremento parejo sino, más bien, "una disminución progresiva".

El presidente de la patronal de la construcción en Alicante, Ramón Jerez, fundamenta esta desproporción en la propia dinámica del mercado inmobiliario. Por un lado, dice Jerez, el aumento vegetativo de la población y, por tanto, el lógico incremento de la demanda; y por otro, los fondos inmobiliarios se han convertido en refugio de los capitales ante la inestabilidad de la bolsa.

Especialmente crítico ante esta situación se muestra el secretario general de la Unión de Consumidores de L'Alacantí, Pedro Hernández. A su entender, la nueva coyuntura corrobora que para los dirigentes políticos "primero es el negocio y, después, el derecho de los ciudadanos a adquirir una vivienda digna y en condiciones económicas asequibles". Hernández reprocha al PP que las medidas que "vendieron" para abaratar los precios de las casas han sido un fiasco. "No sólo no han bajado, sino que se han multiplicado por dos", subraya el representante de los consumidores. Hernández opina que la actual gestión de vivienda busca "excluir" al 30% de la población sin que, además, "ella sea consciente de ello". "Se trata de engañar con estadísticas que están distorsionadas", afirma. Hernández expresa su preocupación "si en manos del mercado se dejan temas tan importantes como la vivienda". El presidente de los constructores se mostró partidario de regular el suelo destinado a la ejecución de VPO porque, de otra forma, agregó, "difícilmente se modificarán o bajarán los precios de las viviendas".

Pedro Hernández reprocha las manifestaciones de Rodrigo Rato, quien justificó la subida del precio de la vivienda en el aumento sostenido de la demanda. "No sé si es que la gente tiene dinero, o es que la gente necesita una casa donde vivir", ironiza. Hernández considera que el Ejecutivo hace "dejación de funciones", lo que provoca una indefensión generalizada.