La UE se enfrenta a un nuevo escándalo por información privilegiada en precios agrícolas

La Comisión Europea, con el escándalo de Eurostat aún abierto, se ve de nuevo salpicada por un presunto fraude de "gran envergadura", según la justicia belga. Un funcionario comunitario holandés, detenido desde el miércoles pasado, está acusado de haber traficado con información privilegiada de alto valor comercial estratégico sobre los precios que Bruselas fija cada semana para la exportación de cereales. Un segundo funcionario ha sido relevado de su puesto, otro ciudadano ha sido detenido en Bélgica y otros seis están bajo vigilancia en Francia por su relación con este nuevo escándalo en el que están involucrados dos importantes productores de cereales de París y Rotterdam.

La Oficina Antifraude de la UE (OLAF) lleva casi dos años investigando el caso junto con las autoridades belgas, a las que alertó sobre el posible fraude. La operación culminó el miércoles con una espectacular batida policial de más de un centenar de agentes que irrumpieron en las oficinas de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea y en las dos grandes empresas de cereales, que no han sido identificadas públicamente. La policía de Bélgica, Francia y Holanda se ha incautado de abundante información y datos informáticos, y el caso está muy lejos de haber concluido.

Los cargos que pesan sobre K. B., iniciales del técnico de la Comisión que ahora está encarcelado, son corrupción, violación del secreto profesional y asociación de malhechores. Otro funcionario comunitario de mayor rango que se dedicaba al sector avícola ha sido desplazado a otro puesto como medida preventiva. Menos información había ayer sobre el segundo detenido en Bélgica, que no pertenece al personal del Comisión, pero podría trabajar para ella como "asistente".

Los fondos comunitarios que se mueven en el sector de los cereales son enormes. En 2001, la Comisión concedió a los exportadores europeos 260 millones de euros para compensarles del precio habitualmente menor al que se venden sus productos en el exterior. Todos los jueves por la mañana se reúne en Bruselas el comité de gestión de los cereales, del que formaba parte K. B. Este comité analiza la evolución de los precios en el mercado mundial y los precios internos para fijar la diferencia y establecer así el llamado nivel de restitución.

A las doce del mediodía de los jueves se cierra el plazo de licitaciones, en el cual los exportadores ofrecen el precio de sus productos ante un organismo oficial agrícola de su país. Sólo las ofertas que estén por debajo del precio fijado por Bruselas tienen la opción de recibir los fondos europeos y, dentro de ellas, la que más se acerque al nivel establecido finalmente (suele ser en torno a las tres de la tarde) es la que más recibe.

Por eso, la información confidencial juega un papel esencial para obtener pingües beneficios. El fraude consiste en que alguien que conoce el precio fijado por el comité se lo filtra antes de la hora establecida a los cerealistas, los cuales pueden así acercar sus ofertas a la de Bruselas mientras el resto puja sin información.

"Se trataba de conocer los precios más rápido que los demás", explicó ayer escuetamente el portavoz de la Fiscalía belga Jos Colpin. "Nuestros expertos están analizando ahora cómo se ha podido producir y ni siquera sabemos si tiene relación con los precios de restitución", dijo el portavoz de Agricultura, Gregor Kreuzhuber.

El sector de los cereales se presta, además, a la especulación porque, al contrario de lo que ocurre con la leche u otros productos, es de recolección anual, puede ser almacenado y, por tanto, ser sacado al mercado cuando mejor convenga. Francia es el mayor productor de cereales de Europa y las restituciones a la exportación que mantiene la UE son habitualmente criticadas por las organizaciones humanitarias, ya que suponen un dumping que perjudica a los países más pobres.

El asunto posee, en fin, todos los ingredientes como para inquietar a la Comisión, bajo el punto de mira del Parlamento Europeo por el escándalo Eurostat, la oficina estadística europea en la que la pasada primavera se descubrieron una caja B, cuentas ocultas y contratos ficticios y abultados, lo que, de momento, se saldó con la destitución de su director general, Yves Franchet.

Los portavoces oficiales de la Comisión aseguraron ayer tener una información muy pobre y "fragmentada". Reconocieron que los servicios centrales de la Comisión habían sido informados de la investigación abierta hace casi dos años, pero aseguraron haber recibido instrucciones de mantener la confidencialidad al respecto, razón por la cual, aseguran, no se pudo alertar a nadie.

El portavoz del presidente, Reijo Kemppinen, se prestó a aclarar que los servicios centrales que fueron informados del posible fraude no incluyen al colegio de comisarios, y reiteró que la Comisión y su presidente se enteraron del caso el miércoles, no antes.