El juez reclama las fuentes

Thomas Penfield Jackson, juez federal de Washington, ha ordenado a cinco periodistas que descubran las fuentes que emplearon para escribir, en 1999, que Wen Ho Lee, un científico nuclear nacido en Taiwan que trabajaba en el laboratorio de Los Álamos, formaba parte de una red que espiaba para China. No era verdad y jamás se pudo probar, pero el daño quedó hecho y el juez quiere que los reporteros testifiquen. No se pide su cabeza, sino la de sus fuentes. Los periodistas creen que no hay diferencia.

Wen Ho Lee fue acusado de 59 delitos de espionaje en diciembre de 1999. Antes del fallo judicial, de la lectura de la prensa se deducía que el científico era la cabeza de la trama. Nueve meses después -nueve meses de cárcel, aislado en una celda-, el FBI reconoció que había cometido múltiples errores y dejó en libertad al científico. Un juez pidió perdón a Wen Ho Lee porque consideró que el caso "había avergonzado a todo el país". Hubo sesiones en el Congreso e investigaciones internas. Se sugirió que los errores se debían en parte al clima creado en los medios.

El científico Wen Ho Lee quiere conocer quién filtró datos que dañaron su imagen

En todo caso, Wen Ho Lee pensó que las disculpas no eran suficientes y se querelló contra el Departamento de Energía y el de Justicia por el daño sufrido. Según el científico, de estos dos ministerios salieron las filtraciones periodísticas. Y según sus abogados, los intentos para identificar el origen de las filtraciones se han encontrado con "un comportamiento sistemático de negativas, de respuestas vagas o evasivas y de obstruccionismo". Por eso, el juez entiende que los abogados tienen derecho a citar en el tribunal a los periodistas: "Sólo ellos pueden dar testimonio de si los querellados fueron la fuente de las informaciones".

La Primera Enmienda de la Constitución garantiza, entre otras cosas, la libertad de expresión y de prensa, pero da a los periodistas un privilegio limitado para proteger a sus fuentes frente a los que acuden a los tribunales y piden utilizar esas fuentes para su defensa. El precedente se estableció en el caso Branzburg contra Hayes: en 1971, el Tribunal Supremo dictaminó que los periodistas que presencian una conducta criminal o escriben sobre ella no gozan del privilegio de silencio en caso de que un jurado quiera hacer preguntas estrictamente relacionadas con esa conducta.

Al tiempo, el Supremo reconoció que la búsqueda de noticias queda amparada por la Primera Enmienda. Esa interpretación es la que ha primado después en los fallos de los tribunales inferiores, y al menos 35 Estados han adoptado las llamadas shield laws, leyes-escudo de protección de periodistas y de sus fuentes. Ha habido excepciones, cuando los testimonios de los informadores se consideraban básicos en casos criminales.

En la querella de Wen Ho Lee, el juez Jackson cree que "no contradice la importancia del principio de la Primera Enmienda, que es lo que está en juego, el concluir que, al menos en este caso", facilitar información sobre las filtraciones que hundieron al científico tiene más peso que mantener la confidencialidad de las fuentes. Lucy Dalglish, directora del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa, cree que "es posible que el Gobierno haya dañado al doctor Lee, pero no es tarea de los medios demostrar eso". "Si se obliga a los periodistas a revelar sus fuentes, sean como sean esas fuentes, se acabó", dice Dalglish a EL PAÍS. En su opinión, el asunto es "potencialmente muy peligroso para la libertad de información" y el momento, muy malo, debido a la presión desatada por el caso de las filtraciones de altos funcionarios de una agente de la CIA para castigar a su marido por haber hecho un informe que contradecía una de las razones del Gobierno -la de que Irak había querido comprar uranio en Níger- para ir a la guerra.

¿Qué van a hacer los periodistas -dos de The New York Times, uno de Los Angeles Times, uno de Associated Press y otro de la CNN- con la requisitoria del juez? El diario de Nueva York ya ha anunciado que recurrirá: "La confidencialidad de las fuentes es básica para nuestra capacidad de proporcionar información a los ciudadanos", dice Catherine Mathis en el periódico. Los otros medios estudian recurrir también, por lo menos para paralizar el efecto que tendría la desobediencia de la orden del juez: una multa o la cárcel. "No se sabe qué podría ser en cada caso", dice Lucy Dalglish, "de 100 dólares al día a 100 dólares al minuto de multa, porque los jueces son muy creativos a la hora de sancionar a los periodistas".