Más de 4.800 trabajadores de Telefónica se apuntan a la regulación de empleo, lo que supera el objetivo previsto
Más de 4.800 trabajadores de Telefónica de España han solicitado su adhesión al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) puesto en marcha por la operadora en su primer año de vigencia, cuyo plazo para apuntarse venció ayer.Con este número se supera ampliamente el objetivo previsto por la empresa para este año, cifrado en 4.500 trabajadores (4.798 incluyendo el pase a otros negocios y las bajas naturales), según fuentes de la empresa.
El ERE, aprobado por el Ministerio de Trabajo el pasado 30 de julio, tiene una duración de cinco años (2003-2007) y afectará a 15.000 trabajadores, el 37% de la plantilla, con un coste estimado de 3.750 millones de euros.
La compañía calcula que el próximo año causen baja 2.753 trabajadores y el siguiente 2.734 hasta completar los 10.000 empleados a finales de 2005. Los restantes 5.000 trabajadores deberán salir en los dos años siguientes.
El ERE, pactado con los principales sindicatos, aunque con carácter general y voluntario, va dirigido especialmente a los trabajadores mayores de 52 años.
Por otra parte, el presidente de Telefónica, César Alierta, defendió ayer en Bruselas la aplicación de un marco regulatorio propicio para el desarrollo de la banda ancha, a la vez que señaló la necesidad de que esta tecnología de alta capacidad sea utilizada por las administraciones.
Tras participar en una mesa redonda con el comisario de Empresas y Ciencias de la Información, Erki Liikanen, y otros responsables de grandes grupos de telecomunicaciones (BT, France Télécom, Deutsche Telecom Telecom Italia, Siemens, Philips, Ericsson y Alcatel), Alierta explicó que el sector ha demostrado una "concordancia de criterios sobre lo que hay que hacer para que la industria de la banda ancha se desarrolle en toda Europa".
"Estamos convencidos de que la banda ancha tiene muchísimo futuro", indicó, a la vez que señaló que se está aplicando un nuevo entorno regulatorio en la UE, que hace que el marco jurídico general "evolucione positivamente en Europa", aunque pidió su implantación general en las administraciones.
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