Los fiscales de Alicante detectan errores en la reforma penal

La Junta de Fiscales de Alicante celebrada ayer detectó varios errores técnicos en la última reforma del Código Penal que introduce la Ley 11/ 2003, sobre las medidas concretas en materias de seguridad ciudadana e integración social de extranjeros, según indicó ayer el fiscal jefe, José Antonio Romero. Por contra, la Fiscalía de Alicante calificó de "correcta" la Ley Reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica, que introduce la Ley 27/2003 en beneficio de las mujeres víctimas de los malos tratos en el ámbito familiar.

"La reunión de hoy [por ayer] ha sido técnica y hemos debatido sobre cómo aplicar algunos de los preceptos de la Ley de integración social, donde hemos encontrado problemas de aplicación técnica", explicó el fiscal jefe.

Uno de los puntos de confrontación fue la aplicación del agravante cuando se cometen más de cuatro faltas. La nueva modificación legal permite considerarlas como un delito, lo que acarrea aplicar una mayor pena. "Pero el texto de la Ley habla de quien hubiere cometido,

sin explicar qué se debe entender por hubiere. ¿Acaso valen cuatro denuncias de una mujer contra su marido por dos empujones como falta o es necesario la denuncia de la Policía?, ¿quién dice si se ha cometido la falta o no?", explicaron fuentes de la Fiscalía a modo de ejemplo a la hora de aplicar la nueva reforma del PP.

La Junta de Fiscales también discutió sobre la sustitución de las penas privativas de libertad por la de expulsión a la que obliga la nueva ley para aquellos inmigrantes con una situación no regularizada. La medida, según el texto legal, es preceptiva para los delitos inferiores a penas de seis años. "¿Pero, qué ocurre cuando se trata de una sentencia menor a los seis meses de cárcel, que puede ser sustituida -como dice también la ley- por una multa? Se le expulsa o se le aplica la multa", comentaron las mismas fuentes. "Esta ley tiene muchas pifias", añadieron.

Sin embargo, el fiscal jefe aseguró que, a pesar de los múltiples problemas de carácter técnico, la reforma se aplicará en todos los conceptos. "No vamos a dejar de aplicarlo por los problemas que suscitan", señaló.

Orden de protección

Menos discusión hubo en el punto relativo a la nueva ley de protección de la víctima de la violencia de género. "Aquí no hemos encontrado ningún problema, y estamos dispuestos a aplicarla en todos aquellos casos que cumpla con lo que establece la ley", señaló Romero. La nueva legislación en materia de malos tratos incluye la prestación económica de unos 300 euros mensuales para aquellas mujeres víctimas de agresiones físicas y psicológicas en el ámbito familiar. Esta medida también obliga a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a prestar un seguimiento a la víctima de 24 horas. La reforma pretende agilizar la atención a la víctima de la violencia de género.