Fernández acusa al PP de hacer "una campaña clientelar, basada en el miedo y por la abstención"

"Sólo con los votos de los ricos no le llega [al PP] para ganar" las elecciones regionales del 26. Izquierda Unida (IU) sostiene que ése es el motivo por el que el PP ha desplegado "la campaña del miedo, la campaña clientelar, la campaña de la abstención", según aseguró ayer el número uno de IU, Fausto Fernández, ante unas 150 personas, sobre todo jubilados, en la Casa de la Cultura de Parla.

Fernández presentó a IU como la fuerza política que convertirá a la región en un ejemplo de "limpieza, transparencia y democracia" para el resto de España. "Lo que les preocupa no es nuestra ideología, sino nuestra convicción para limpiar esta Comunidad". Sostuvo que IU es la única que puede emprender "sin miedo" esta misión porque no tiene nada "en el armario". El secretario general del PCE, Francisco Frutos, dijo en Parla que, aunque la izquierda requiera autocrítica, pueda cometer errores o no ser consecuente, es la que "ha mejorado la vida de la gente".

Fernández anunció su intención de hacer varias reformas legislativas, regionales y nacionales, para impedir "que los intereses políticos sirvan a los económicos para hacer a los ricos más ricos".

Y puso como ejemplo la futura estación del AVE en Guadalajara, que estará a 10 kilómetros de la capital, en unos terrenos de la familia política de su adversaria del PP, Esperanza Aguirre, donde se van a construir 9.000 viviendas. "Ahora es un campo de cardos", apostilló.

IU propone que los diputados autonómicos y senadores tengan todos dedicación exclusiva, que las participaciones en empresas y entidades privadas de los electos y sus familias sean administradas por una agencia que vigile las incompatibilidades mientras dure la legislatura e

impedir que se cobre simultáneamente una pensión indemnizatoria y un sueldo público

Fernández matizó ayer, durante su visita a la Jefatura de la Policía Municipal de Madrid, que la policía autonómica, civil, que propone estaría basada en los 9.000 agentes locales y "se añadiría Guardia Civil y Policía Nacional". En su opinión, la seguridad ciudadana es "un servicio esencial" que debe depender del Gobierno regional, y no del delegado del Gobierno central, que está centrado en el "orden público".