Secretos y misterios

Aquí pasa algo. O por lo menos algo más de lo que nos dicen. Los encuentros indeseados y los desencuentros buscados entre el actual presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y su predecesor, el ministro Eduardo Zaplana, han alcanzado un nivel de notoriedad sorprendente en un partido jerarquizado y con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina. El ataque frontal y sistemático a Camps, por parte de algunos medios próximos a Zaplana, no hace sino confirmar el calado de la brecha. Resulta inverosímil la idea de que el pulso responda a una simple lucha por el poder interno entre diferentes familias políticas. El hecho de que apenas hayan pasado cien días desde que Camps iniciara su gestión, aún hace más misterioso el enfrentamiento.

Da la impresión de que algo muy concreto ha sucedido y que, además, el problema es de gran magnitud. La única pista real sobre el trasfondo de la crisis es el hecho concreto que la desencadenó y que fue la decisión de suspender la construcción de la coraza con la que se pretendía cubrir el IVAM. El frenazo a la reforma del museo desató las iras zaplanistas, y no precisamente por cuestiones artísticas, sino presupuestarias.

Lo cierto es que desde entonces todos los días aparecen noticias de problemas financieros en la administración que gestiona. La acumulación es ciertamente inquietante: Crecen las pérdidas en Terra Mítica. Vuelve a retrasarse el Palau de les Arts. La administración autonómica tiene pendientes de cobro 782 millones de euros de fondos europeos. El Ayuntamiento de Valencia sólo ha cobrado del Consell el 16% del dinero previsto para este año y arrastra deudas de los seis años anteriores. No hay ayudas para reestructurar la industria en comarcas sacudidas por la crisis como L'Alcoià y La Vall d'Albaida. Una auditoría revela que la Generalitat Valenciana tendrá que volver a sufragar la deuda de Radiotelevisión Valenciana, que alcanza ya los seiscientos millones de euros. El Ayuntamiento de Valencia liquida la Universidad Popular y suprime las becas de comedor para la educación infantil. El arquitecto de la Ciudad de la Justicia revela que no avaló unos sobrecostes que alcanzaron el 34%. El consejero de Sanidad apuesta por el modelo de gestión privada para los nuevos hospitales de titularidad pública, mientras se cierran plantas en los envejecidos hospitales públicos, vuelven las camas a los pasillos y crece la angustia entre sus profesionales por la falta de recursos. La Consejería de Bienestar Social suspende por falta de fondos la ayuda destinada a las personas con riesgo de exclusión social, mientras Cáritas habla de desfachatez política. También se han dado recortes en partidas para alojar a inmigrantes temporeros o erradicar la vivienda en precario. Proyectos anunciados a bombo y platillo como el fondo de garantía de pensiones alimenticias para mujeres separadas o las ayudas para alquiler de pisos para personas sin recursos, no se han puesto en marcha.

El asunto es misterioso, porque ¿cómo pueden existir semejantes problemas de liquidez, cuando el endeudamiento de la Generalitat Valenciana por habitante es el más alto de España y el más alto con relación al Producto Interior Bruto? Un misterioso secreto, sí. Pero parece que algo no acaba de cuadrar.