Las multas por infracciones a la Ley de Riesgos Laborales crecen un 6,2% en el primer semestre

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social impuso sanciones a las empresas valencianas por valor de 5.517.387 de euros por infracciones en materia de seguridad y salud laboral en los primeros seis meses del año, un 6,2% más que durante el mismo período de 2002, según datos aportados por la Consejería de Economía. El pasado año, la Comunidad Valenciana, con 115.122 bajas por accidentes laborales, lideró junto con Cataluña, Andalucía y Madrid el bloque de autonomías con mayor número de siniestros, según recoge un informe del Ministerio de Trabajo.

La muerte de tres trabajadores en el Atrium Beach, complejo hotelero ilegal que se construye en La Vila Joiosa (Marina Baixa), destapó el "desafío" al que, según los sindicatos, se enfrentan diariamente los trabajadores de la construcción en la Comunidad Valenciana. Un control exhaustivo de la autoridad laboral reduciría, según los sindicatos, los índices de siniestralidad en cuanto que la patronal aplicaría con mayor celo las medidas de prevención y salud en las obras.

De enero a junio de este año, los inspectores laborales efectuaron un global de 70.742 actuaciones; de las que 22.552 fueron relativas a la prevención de riesgos laborales, 6.409 en materia de empleo, 4.655 en materia de trabajo y 37.126 en materia de Seguridad Social. El riesgo que entrañaba para los trabajadores la actividad que desempeñaban obligó a paralizar 150 empresas en Valencia; 20, en Alicante y 28, en Castellón. No obstante, las paralizaciones se redujeron con respecto al semestre del año anterior en un 14%. En cuanto al volumen de las multas giradas a las empresas por incumplimiento de la ley ascendió a 5.517.387 euros, un 6,2% más que el primer semestre de 2002.

Por provincias, en Alicante, el importe de las sanciones fue de 2.277.937 euros; en la de Valencia de 2.602.262 euros; y en Castellón de 637.188 euros. El mayor incremento en el giro de las multas correspondió a la capital de La Plana, con un aumento de un 26% con respecto al mismo período del año anterior. Alicante y Valencia también experimentaron un aumento de la sanción, aunque más moderados, con porcentajes de un 13% y 9%, respectivamente.

En cualquier caso, la Comunidad Valenciana ha roto su tendencia alcista en los siniestros laborales, iniciada en 1996, fecha de entrada en vigor de la ley. En 2001, los datos manejados por el Ministerio de Trabajo relativos a la Comunidad Valenciana duplicaban los accidentes de 1996. El pasado año, sin embargo, el número de accidentes en el trabajo descendió un 6% con respecto a 2001, al pasar de los 243.572 ese año a los 228.749. Los percances durante la jornada laboral descendieron en las tres provincias. La mayor reducción, con un 12%, se registró en Castellón; seguido de Valencia, con un 6% y Alicante, con un 4,6%. Pese al cambio de tendencia, la Comunidad Valenciana lideró en 2002 junto con Andalucía, Madrid y Cataluña el bloque de autonomías con mayor número de siniestros.

El número de empleados asegurados en el sector de la construcción en 2002 ascendió a cerca de 158.000 operarios, un cúmulo que representa el 14% del total de los trabajadores afiliados, según datos desprendidos del Anuario del Ministerio de Trabajo. El sostenido crecimiento de la actividad urbanística -sólo en vivienda nueva, el aumento del parque se disparó un 74% en los últimos cinco años- favoreció un aumento de un 7% en el número de asalariados de la construcción en 2002, al pasar de los 146.800 operarios en 2001 a los 157.900 del pasado año.

Sin embargo, desde la entrada en vigor en 1996 de la Ley de Seguridad e Higiene en el trabajo, el número de inspectores sólo aumentó en un 17%. Actualmente, 70 son los funcionarios dedicados a supervisar la correcta aplicación de la ley por parte de la patronal frente a los 58 funcionarios de 1996. Los sindicatos consideran que la plantilla del órgano laboral es "deficitaria" en tanto que tiene que controlar todos los sectores. CC OO denuncia que un solo funcionario debe supervisar la desorbitada media de 1.800 actuaciones cada uno. El caso más flagrante es Alicante, una de las provincias españolas más dinámicas en este sector, que tan sólo cuenta con 23 inspectores laborales, según datos de Trabajo.

El fiscal de delitos laborales, Miguel Gutiérrez, alertó también en su informe semestral del déficit de plantilla del órgano laboral. De enero a junio de este año, el órgano laboral obligó a 198 empresas valencianas a paralizar su actividad por no ajustarse a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 38 paralizaciones menos que el año precedente.