El fiscal pide para Juppé ocho meses sin cumplimiento de la pena

Todo parecía atado y bien atado, pero las sutilezas de la legislación francesa juegan malas pasadas. Alain Juppé y otros antiguos altos cargos del partido gaullista RPR entre 1983 y 1995 vieron ayer cómo el fiscal solicitaba para ellos ocho meses de cárcel con suspensión de pena, por "apoderarse ilegalmente de intereses". Según el fiscal, el antiguo primer ministro, hoy alcalde de Burdeos y presidente de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), Alain Juppé, es culpable en la medida en que hizo votar el presupuesto del Ayuntamiento de París cuando era teniente de alcalde de Finanzas, y en la medida en que en ese presupuesto figuraban "empleos ficticios" pagados por el erario público.

El fiscal limita sus demandas porque "no hubo enriquecimiento personal", porque "el contexto histórico" favorecía ese tipo de prácticas y porque cree que la sanción política -léase ineligibilidad- corresponde a los ciudadanos y no a los jueces. Es decir, el fiscal se lava las manos pese a la evidencia: Juppé sabía que el Ayuntamiento de París -el actual presidente, Jacques Chirac, era alcalde, pero no ha sido juzgado por la inmunidad de su cargo- abonaba un sueldo a, como mínimo, siete dirigentes del RPR que nunca pusieron los pies en dicha institución.

El problema puede surgir si el tribunal, que se ha mostrado menos conciliador que el fiscal, sigue al pie de la letra las recomendaciones del mismo. Según la jurisprudencia francesa, cualquier condenado por el delito descrito pierde durante 5 años sus derechos cívicos. Eso supondría que Juppé no podría presentarse a las próximas elecciones y quedaría marginado de la carrera por la sucesión de Chirac. El abogado de Juppé ya sugería ayer una solución: si procede, dictar sentencia condenatoria, pero sin inscribirla en su ficha judicial, es decir, respetar la letra de la ley y desentenderse de su espíritu.

El juicio a Juppé y a otros 27 altos cargos se ha complicado porque algunos de ellos, ya jubilados o marginados de la política, han admitido que "todo el mundo en el RPR sabía" lo que pasaba, algo que Juppé negó siempre durante la instrucción del sumario. El instructor le liberó precisamente de mayores responsabilidades pues "si quienes estaban a su órdenes no sabían, él tampoco tenía por qué estar al corriente".