El Gobierno deniega a 'los Albertos' el indulto de la pena de tres años de cárcel

El Consejo de Ministros denegó ayer la petición de indulto de Alberto Cortina y Alberto Alcocer (los Albertos), condenados el pasado marzo por el Tribunal Supremo a tres años y cuatro meses de prisión por sendos delitos de estafa y falsedad en documento en el caso Urbanor. El Ejecutivo no ha apreciado razones de justicia o equidad para concederles la gracia. Sin embargo, Cortina y Alcocer no ingresarán en prisión hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los recursos de amparo que tienen interpuestos, ya que la ejecución de las penas quedó en suspenso.

El ministro portavoz,Eduardo Zaplana, informó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de que se había denegado el indulto a los Albertos, atendiendo a los criterios del ministerio fiscal y el Tribunal Supremo, que en sus respectivos informes no apreciaron razones de "justicia, equidad o utilidad pública" para concederles la gracia.

Sin embargo, los Albertos seguirán en libertad hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre sus recursos de amparo, que ahora están en trámite y que suelen tardar un promedio de alrededor de dos años.

En concreto, según fuentes del Tribunal, los recursos están pendientes del trámite del artículo 52 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, relativo al emplazamiento, plazos de vista de las actuaciones al fiscal y a las partes y el trámite de alegaciones. Si en su día el Constitucional desestima sus recursos, tendrán que ingresar en prisión.

Los primos Cortina y Alcocer fueron condenados a tres años y cuatro meses de prisión por el Tribunal Supremo, además de indemnizar a sus socios con 24,5 millones de euros. El alto tribunal revocó la sentencia de la Audiencia de Madrid que consideró probados los delitos de falsedad en documento y estafa agravada de los Albertos a sus socios minoritarios en la venta de los solares de las torres KIO, en Madrid, pero les absolvió al estimar que los delitos habían prescrito.

Según la sentencia de la Audiencia, en 1987 Cortina y Alcocer falsificaron una oferta de KIO sobre los solares de la plaza de Castilla ante sus socios minoritarios. Mientras los socios cobraron a razón de 150.000 pesetas por metro cuadrado, los primos se embolsaron a razón de hasta 388.000 pesetas, causándoles un perjuicio de unos 4.000 millones a los socios.

Tras la condena del Tribunal Supremo, la Audiencia de Madrid suspendió el ingreso en prisión razonando que la duración de la pena no era elevada y la medida de gracia podría llegar cuando hubiesen cumplido la sentencia. El tribunal explicó que los Albertos no tenían antecedentes, habían pagado unos 4.000 millones en indemnizaciones y la Audiencia, en 24 casos anteriores, había aplicado el mismo criterio de dejar en suspenso la pena.

Tras denegarse ayer el indulto, los primos habrían tenido que ingresar directamente en prisión; pero el pasado 28 de julio, el Constitucional, tras admitir a trámite los recursos de amparo, dejó también en suspenso la ejecución de sentencia hasta la resolución de los recursos.

Fuentes de la acusación reclamaron ayer que se paguen los intereses que devengan la indemnización de 24,5 millones de euros que fueron condenados a pagar.

La denegación del indulto fue recibida con satisfacción por las asociaciones de usuarios al entender que no debe haber excepciones en el cumplimiento de la ley. El portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, Javier Barrero, calificó de "correcta" y "coherente" la decisión del Consejo de Ministros, pero lamentó que el Ejecutivo no adoptara una decisión similar con el juez Javier Gómez de Liaño, que había sido condenado a 15 años de inhabilitación por prevaricación en el caso Sogecable.

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Felipe Alcaraz, declaró que la decisión del Gobierno es acertada, ya que concederles el indulto "habría sido un escándalo terrible". Asimismo, expresó su confianza en que el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional sea también rechazado, aunque "veremos en qué queda eso", concluyó el portavoz de IU.

El portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, consideró un "acierto" la decisión del Gobierno de denegar el indulto a los Albertos, pero expresó su temor a que el Tribunal Constitucional "meta el freno de mano" para retrasar la resolución del recurso de amparo, al contrario de lo que hizo con Batasuna por su ilegalización. "Lo único que nos preocupa es que el Tribunal presidido por Jiménez de Parga le va a meter el freno de mano y este caso se podría ver dentro de 10 años o cuando ya tengan 70 años", recalcó Anasagasti.