Saur apunta la ruptura entre socios de Aguas de Valencia

La ley de transparencia para las sociedades anónimas, que fue aprobada el pasado mes de julio, tira por tierra los acuerdos entre los accionistas de Aguas de Valencia que limitan su presencia en el capital social a un tercio del total y reconocen derechos preferentes de compra a los socios mayoritarios de la compañía. Un portavoz de Saur International, filial del Grupo Bouygues, recuerda que la ley considera "ineficaces" los acuerdos alcanzados entre socios con participaciones superiores al 25% en cualquier sociedad. Saur controla el 33% de Aguas de Valencia.

Una información publicada ayer por el diario Cinco Días avanzaba que la filial del Grupo Boygues -los franceses en la jerga local- daba por roto el pacto alcanzado entre los accionistas de Aguas de Valencia en agosto de 2000 para zanjar un rosario de disputas entre ellos que establecía taxativamente que "el porcentaje de participación de cada una de las partes no podrá superar, directa o indirectamente, el 33% del capital social" de la compañía.

Un portavoz de Saur International recordaba ayer que, efectivamente, la nueva norma califica como "ineficaces" los acuerdos alcanzados entre accionistas de sociedades anónimas si alguna de las partes era titular de participaciones superiores al 25% en el momento de la firma.

Saur International detentaba un 37,5% del capital de Aguas de Valencia cuando el acuerdo entre accionistas se trasladó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según consta en la notificación oficial del pacto.

El mismo portavoz sugirió que Saur International no ha hecho valer la situación que se deriva de "una norma aprobada por el Gobierno". "La denuncia del pacto no se ha llevado al consejo de la compañía", insistió. Pero la posibilidad está ahí. Y llueve sobre mojado.

Saur International deslizó el pasado mes de febrero su intención de promover la ruptura del acuerdo entre accionistas que limita su presencia en Aguas de Valencia a un tercio del capital para "obrar con mayor libertad" en defensa de sus intereses. Sin embargo, nunca trasladó al consejo de la compañía tal iniciativa.

El acuerdo entre accionistas firmado en agosto de 2000 se alcanzó con motivo de la fusión entre Aguas de Valencia y Vainmosa Cartera y estaba condicionado a la renovación del contrato de suministro de aguas potables a la ciudad de Valencia durante 50 años, un contrato que el Ayuntamiento de Valencia adjudicó a Aguas de Valencia en diciembre de 2001.

Al margen de la inmediata reducción de la presencia de Saur en Aguas de Valencia que se produjo en virtud del acuerdo en el momento de la firma, el pacto permitió al Banco de Valencia y las constructoras de Castellón Facsa y Lubasa ampliar su presencia en la compañía cuando el BSCH se desprendió del 22% del capital de la sociedad en junio de 2002.

A día de hoy, Saur controla el 33% de la compañía; Banco de Valencia, el 19,11%; Facsa, el 13,17%; Boluda Shipping, el 11,44%; y Lubasa, el 9,8%. El restante 13,48% está en manos de pequeños accionistas.

Aguas de Valencia atravesó una convulsa situación hace apenas diez meses cuando la compañía denunció y, posteriormente, destituyó a su consejero delegado, Aurelio Hernández, y su director general, Francisco Pontes, por alterar los estados contables de la sociedad. La CNMV propuso el pasado mes de septiembre una sanción de 150.000 a los dos directivos.

El episodio sacó a relucir las diferencias entre los accionistas de la empresa, quienes optaron por concederse un plazo de reflexión hasta principios de curso para fijar sus objetivos y analizar la viabilidad de cooperar de forma amistosa, según una fuente del consejo. Pero la nueva ley amenaza con quebrar el sosiego de tal puesta en común.