La red de fraude descubierta en Sevilla involucra al Grupo Pedro Durán

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Dos Hermanas (Sevilla), María Jesús Nombela, puso ayer en libertad con cargos, pero sin fianza, a 18 de los 29 detenidos el martes en relación con una red de facturas falsas y fraude fiscal y societario que, según la Agencia Tributaria, podría alcanzar los 15 millones de euros. Fuentes judiciales confirmaron ayer que la cúpula de la organización es el Grupo Pedro Durán, dedicado a la construcción, que usaba a decenas de moduleros (en el argot de Hacienda, autónomos que tributan por módulos).

Las mismas fuentes judiciales indicaron que el montante defraudado, pudiendo ser "importante, está aún por calcular". Y añadieron que la cifra de 15 millones de euros es una valoración de la Agencia Tributaria, aún sin confirmar por la documentación en poder del juzgado. "La investigación se inició a partir de la comprobación de que el fraude superaba el límite legal", precisaron.

Lo que sí ha sido confirmado es el modus operandi con el que actuaba el Grupo Pedro Durán, conformado por cuatro empresas dedicadas a la construcción inmobiliaria y que es la cúpula de la organización. La red se extendía por las localidades sevillanas de Dos Hermanas, Camas, Utrera y Olivares. Basado en relaciones personales y familiares, este grupo obtenía facturas falsas de profesionales a los que Hacienda califica como "moduleros". Albañiles, fontaneros, electricistas, escayolistas, carpinteros -que tributan sus impuestos en función de determinados módulos de cotización independientemente de su facturación, y que actúan como autónomos con nombre comercial- facilitaban al Grupo Pedro Durán facturas falsas a cambio de cantidades que oscilaban entre las 70.000 y las 100.000 pesetas al mes.

A partir de ahí, uno de los administradores del grupo, al que fuentes judiciales califican como un auténtico "genio de la ingeniería contable, aunque sin estudios superiores", y cuya identidad aún no ha sido facilitada a la espera de que hoy pase a disposición judicial, traspasaba esas facturas a empresas creadas artificialmente y con corta vida. Los gastos de esas facturas eran compensados en el balance con otras facturas creadas por estas empresas para no tributar impuestos.

El total de las facturas, a su vez era utilizado por las cuatro constructoras del grupo para descontarse el IVA y reducir beneficios y, por tanto, rebajar la tributación en el impuesto de sociedades. Asimismo, las facturas era vendidas a otras compañías, a las que, según fuentes judiciales, "será muy difícil llegar".

Relaciones familiares

Según las fuentes consultadas, los 18 detenidos que ya han prestado declaración son pequeños profesionales, entre los que se encuentra una administrativa, un albañil, un pensionista, un pequeño contratista y un constructor. La mayoría con relaciones familiares de parentesco. Y que fueron el hilo conductor que siguió la Agencia Tributaria y la Brigada Móvil de Aduanas, encargada de toda la investigación, en la que no ha intervenido ni la Policía Judicial ni la Guardia Civil.

Hasta ahora todos los detenidos que han prestado declaración ha sido puestos en libertad con cargos, sin fianza, pero con obligación de personarse semanalmente en el juzgado.

La investigación, que comenzó hace seis meses, ha tenido también un complicado pase por diversos juzgados. Inicialmente, la denuncia de Agencia Tributaria cayó en el Juzgado número 2 de Dos Hermanas, que se inhibió en favor de los de Sevilla, recayendo en el número 18 de la capital hispalense, que finalmente volvió a remitirlo como competente al número 4 de Dos Hermanas.

En las actuaciones constan pinchazos telefónicos a varios de los detenidos bajo secreto judicial, así como numerosos registros en locales comerciales -entre ellos, uno en Todo Hogar, una tienda de decoración del centro de Dos Hermanas- y en los domicilios de varios de los detenidos.

La juez María Jesús Nombela tiene previsto recibir primero declaración a los profesionales que emitieron las facturas y cerrar los interrogatorios el próximo viernes con los cerebros del grupo, a los que se les imputa delito fiscal, falsedad en documento mercantil y alzamiento de bienes.

A la evasión fiscal se refirió ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que informó de que la detección de fraude ha crecido un 18,95% entre enero y agosto de este año con respecto al mismo periodo de 2002, hasta los 8.517 millones de euros.