El PP censura a Atutxa por admitir propuestas de Batasuna

El vicepresidente segundo de la Mesa del Parlamento vasco y representante del Partido Popular en ella, Carmelo Barrio, afirmó ayer que la Cámara está inmersa en una "espiral de locura" en la que semana tras semana se adoptan decisiones para salvaguardar los derechos del grupo de la ilegal Batasuna y dar "cauce al discurso de ETA". Barrio se refirió en particular a la admisión ayer a trámite, con el voto contrario del PP y del PSE-EE, de una proposición de los radicales sobre la condena de cárcel e inhabilitación impuesta por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) a su parlamentario Jon Salaberria.

La Mesa no trató, por el contrario, el último auto del Tribunal Supremo, que anula los acuerdos por los que el grupo disuelto sigue en funcionamiento, pese a que el PP intentó que se debatiera. El auto no había llegado ayer a la Cámara, que sólo lo conoce de modo oficioso. Los tres grupos del tripartito tampoco quisieron tratar la protesta emitida el lunes por el PP contra la actuación del presidente, Juan María Atutxa, en el pleno del pasado viernes, cuando se negó a reconvenir a la parlamentaria radical Jone Goirizelaia, que llamó "fascista y torturador" al diputado popular Carlos Urquijo. Barrio consideró ayer "incomprensible" que Atutxa permitiera esos insultos sin intervenir.

Con esas dos negativas recibidas en la reunión de la Mesa de ayer, el representante del PP compareció para mostrar el gran malestar de su formación. "Quienes defendemos que se cumplan las sentencias del Tribunal Supremo", afirmó, "chocamos contra un muro de desobediencia e incumplimiento".

Por otra parte, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, dijo ayer en Radio Euskadi que espera que los tres miembros de la Mesa de la Cámara vasca que se niegan a disolver el grupo de Batasuna serán inhabilitados por los tribunales. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, se mostró "muy preocupado" ante la "seguridad" mostrada por Villar y la posibilidad de que el Gobierno haya dado "instrucciones" a los tribunales.