Medio millón de funcionarios tendrán en enero el mayor plan de pensiones colectivo

Medio millón de empleados de la Administración central van a conformar el mayor plan de pensiones impulsado en España. Esta modalidad de salario diferido tendrá una aportación inicial correspondiente al 0,5% de la masa salarial. En principio, son 54,65 millones de euros, pero su potencial futuro le confiere un especial atractivo para las entidades financieras especializadas. Antes de fin de año saldrá a concurso público la adjudicación para decidir cuáles serán las entidades gestora y depositaria. El modelo servirá para desarrollar planes similares en comunidades autónomas y ayuntamientos, en total 2,2 millones de empleados.

El plan de pensiones complementarias será una realidad en 2004 para 521.000 empleados de la Administración general (funcionarios, interinos, personal laboral y eventual que tengan al menos dos años de servicios). Las condiciones para su puesta en marcha fueron aprobadas ayer entre el Ministerio de Administraciones Públicas y los sindicatos de funcionarios. Con ello dan cumplimiento al compromiso adquirido en noviembre de 2002 para la modernización y mejora de la Administración, además de saldar uno de los objetivos más perseguidos.

Serán sus partícipes los trabajadores de 15 ministerios; 71 organismos autónomos, entidades gestoras y entes públicos; magistrados, jueces y fiscales; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas. El plan de pensiones en la modalidad de empleo, como fórmula de salario diferido y de estímulo del ahorro a largo plazo, compromete a esos empleados un complemento de la pensión para la jubilación, incapacidad, viudedad u orfandad.

Para la asignación económica, la Administración hace una aportación inicial del 0,5% de la masa salarial, y el reparto entre los empleados se calculará en relación al sueldo (el 75% con carácter proporcional) y la antigüedad (el 25% linealmente). La andadura empieza con 54,65 millones de euros, y en los años posteriores la aportación se fijará en función del margen que marque el Gobierno en los Presupuestos Generales y como fruto del diálogo social. Asimismo, los trabajadores podrán hacer aportaciones con carácter voluntario.

El secretario de Estado para la Administración Pública, Julio Gómez-Pomar, aseguró ayer que este plan puede servir de modelo para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, lo que suma una población potencial de 2,2 millones de personas. Hasta el momento sólo tienen planes de este tipo lo funcionarios de Aragón y Asturias.

Escasa implantación

En el conjunto de la población ocupada española (16,6 millones de personas), los planes de pensiones colectivos han tenido una escasa implantación y desarrollo. Poco más de 500.000 trabajadores, pertenecientes a dos centenares de grandes compañías, son los que cuentan con esta fórmula de salario diferido en aplicación de la ley de 1990. El plan de empleo de la Administración es en consecuencia el mayor de los que se han impulsado y duplica de una tacada los partícipes. Su potencial futuro es muy importante. Gómez-Pomar anunció ayer que antes de fin de año se convocará concurso público para elegir la gestora y la depositaria.

Las dos entidades serán seleccionadas con estos criterios de valoración: capacidad financiera y de gestión tanto administrativa como financiera; presencia en el territorio nacional; servicio de atención a partícipes y beneficiarios; calidad de la información; comisiones y gastos; controles independientes de auditores, actuarios y asesores de inversiones. Asimismo, habrá una comisión de control paritaria en representación de la Administración y de los trabajadores partícipes.

Por otro lado, Eduardo Zaplana, ministro de Trabajo, y los líderes de la patronal, José María Cuevas, y de CC OO, José María Fidalgo, junto al dirigente ugetista Jesús Pérez constituyeron el comité supervisor del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Allí, el presidente Aznar anunció que el próximo viernes se aprobará el real decreto que ampliará la protección de los autónomos: desde el día de la baja por enfermedad común y desde el día siguiente por accidente laboral.