Michavila afirma que los etarras que quieran el tercer grado deben arrepentirse

El ministro de Justicia, José María Michavila, afirmó ayer que los presos etarras que quieran obtener el tercer grado deberán arrepentirse previamente. El ministro precisó que es al juez central de vigilancia penitenciaria a quien corresponde determinar si las solicitudes que tramitan un centenar de reclusos de ETA se ajusta a la legalidad vigente. Según Michavila, la ley de medidas para el cumplimiento íntegro de las condenas, en vigor desde el 1 de julio, en materia de progresión al tercer grado y a la libertad condicional se aplica "con independencia del momento de la comisión del delito".

El ministro de Justicia valora el hecho de que los presos etarras hayan decidido pedir masivamente el tercer grado penitenciario, una decisión que demuestra, en su criterio, que "ETA está más débil que nunca". Michavila se remite al juez central de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional para la resolución de estas solicitudes, pero afirma que desde el pasado 1 de julio está en vigor la nueva ley para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, "un nuevo paso", dijo, "para que no haya terrorista que no cumpla las condenas".

La ley invocada por el ministro modifica, entre otros, el artículo 90 del Código Penal sobre las requisitos para acceder a la libertad condicional y el 72 de la Ley General Penitenciaria sobre clasificación en tercer grado de tratamiento penitenciario. Según este último artículo, en su apartado 6, la clasificación o progresión al tercer grado penitenciario de personas condenadas por delitos de terrorismo requerirá adicionalmente la satisfacción de la responsabilidad civil con sus rentas y patrimonios futuros y que muestren "signos inequívocos" de haber abandonado la lucha armada; que hayan "colaborado activamente con las autoridades", para impedir otros delitos terroristas, atenuar los efectos de su delito o para la "identificación, captura y procesamiento de responsables de otros delitos terroristas" y obtener pruebas.

La norma prevé que el preso pueda acreditar que cumplirá las condiciones mediante una declaración expresa de repudio al terrorismo y una petición formal de perdón a las víctimas de su delito. También habrán de tenerse en cuenta los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización y de las organizaciones de su entorno.

Para el acceso a la libertad condicional, objetivo final de las solicitudes, la reforma del Código prevé que el condenado se encuentre en tercer grado -con los requisitos antedichos- y además, que haya extinguido las tres cuartas de la pena y que haya observado buena conducta y tenga un pronóstico individualizado favorable a la reinserción.

Una disposición transitoria dispone que estos nuevos requisitos serán aplicables "desde su entrada en vigor [el pasado 1 de julio], con independencia del momento de la comisión de los hechos delictivos o de la fecha de la resolución en virtud de la cual se esté cumpliendo la pena".

Michavila insistió en que a quien corresponde aplicar esta ley es al titular del juzgado central de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, Javier Bermúdez, quien está recibiendo los escritos de los abogados de presos etarras pidiendo el tercer grado para ellos.

El ministro de Justicia afirmó que con la creación del juzgado central de vigilancia "ya no estamos ante una interpretación de la ley que puede hacer cada magistrado de una manera distinta", lo que cabe interpretar como una alusión a la juez de vigilancia penitenciaria de Bilbao, Ruth Alonso, que concedió la libertad condicional a varios etarras.

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, se mostró partidario de estudiar "caso por caso" las solicitudes de concesión del grado penitenciario para favorecer la reinserción en la sociedad de los ex etarras.

El líder de IU precisó que es necesario compaginar los derechos de las víctimas mediante el cumplimiento de penas, pero también favorecer la reinserción de los presos. "No volver a delinquir no es sinónimo de pudrirse en la cárcel, sino reintegrarse en la vida social", dijo.