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Reportaje:OFERTAS DE EMPLEO

El buen gobierno da trabajo

Las nuevas normas impulsan en EE UU la figura del director de Gobierno Corporativo. En España aún no hay ninguno

Amaya Iríbar

El buen gobierno da trabajo. Las nuevas regulaciones que obligan a las empresas a ser más transparentes y a elaborar memorias específicas sobre la forma en que se organizan han creado una nueva figura en algunas compañías cotizadas de Estados Unidos: el director de Gobierno Corporativo. En España son las secretarías generales, que también se han reforzado, las encargadas de estas tareas.

El nombramiento de Laurence Hickey como director de Gobierno Corporativo (Chief Governance

El 33% de las sociedades americanas cotizadas tiene un CGO. Una consultora estima que el 75% de las más grandes tendrá uno en 2006

Officer) de Kodak el pasado mes de julio fue noticia en Estados Unidos. La compañía se esforzó en destacar que se trataba de un cargo nuevo, creado para cumplir con los requisitos impuestos por la Bolsa de Nueva York en este terreno.

No es la única compañía cotizada que ha reaccionado a los escándalos empresariales de esta forma. Aunque aún son pocas. Un estudio reciente de la Asociación Americana de Gestión (AMA, en sus siglas en inglés) asegura que el 33% de las compañías cotizadas ya cuenta con un CGO, y la consultora Gartner, por su parte, estima que el 75% de las 500 compañías más grandes del país habrán nombrado a un directivo para cubrir este puesto para el año 2006.

Es parte de la resaca de los escándalos que han sufrido algunas grandes corporaciones estadounidenses. Tras los Enron, WorldCom y demás, las compañías cotizadas deben adaptarse a nuevas normas de organización, consecuencia de la aplicación de la Ley Sarbanes-Oxley, aprobada por el Congreso el año pasado, y de las reglamentación de la Bolsa de Nueva York. Seis multinacionales españolas -BBVA, Endesa, Repsol YPF, SCH, Teléfonica y Telefónica Móviles- cotizan en el mercado americano.

La marea reguladora también ha llegado a España a través de dos leyes distintas: la financiera, que entró en vigor a finales del año pasado, y la de transparencia de los mercados, que lo hizo en julio. Ésta última, inspirada en las recomendaciones de un comité de sabios presidido por el empresario Enrique Aldama, obliga a las empresas que cotizan en Bolsa a elaborar un informe anual de buen gobierno. Aunque el contenido de éste aún está por detallar, la fija algunos mínimos: estructura de la propiedad; administración; operaciones de la sociedad con accionistas, administradores y directivos; sistemas de control; funcionamiento de la junta general de accionistas, y grado de seguimiento de las recomendaciones de buen gobierno. El primer código voluntario sobre esta cuestión se aprobó en 1998 y se conoce como Código

Olivencia.

Está claro que estas obligaciones están dando más trabajo a las compañías. Ninguna, sin embargo, ha nombrado un director de Gobierno Corporativo, según distintos expertos consultados. Sigue siendo la Secretaría General del Consejo de Administración la encargada de lidiar con estas cuestiones. Lo que sí se advierte es "un refuerzo" de estas secretarías para cumplir con las nuevas obligaciones, reconoce Iván Marten,de la consultora estratégica Boston Consulting Group.

Para Joaquín Garralda, profesor del Instituto de Empresa y secretario general del Foro de Reputación Corporativa, la figura del CGO no es necesaria, y cree que la moda americana tiene más que ver con las demandas a las que se enfrentan algunos directivos envueltos en escándalos que en las necesidades de la compañía. El foro fue creado por Aguas de Barcelona, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Repsol YPF y Telefónica, y ya se han sumado otras grandes empresas.

Que no actúen bajo esa etiqueta no quiere decir que nadie asuma las funciones propias de esta figura. Incluso más. En los últimos años, algunas grandes empresas españolas han creado una dirección de Reputación Corporativa, con funciones más amplias que el buen gobierno, como acción social, cuestiones medioambientales y de comunicación, entre otras. De las primeras en crear una de estas comisiones fue Telefónica, que lo hizo en octubre de 2001, explica Alberto Andreu Pinillos, subdirector general de Reputación y Responsabilidad Corporativa de la operadora. Esta empresa tendrá fácil cumplir con la obligación del informe anual, pues ya incluyó datos en la memoria de responsabilidad social corporativa que presentó el año pasado.

Otra tendencia en España es la creación de comisiones del consejo específicas para estos temas, asegura Ramón Pueyo, de la Fundación Ecología y Desarrollo. Esta fundación elabora un informe sobre responsabilidad social corporativa en España. Lo que parece claro es que el fenómeno es imparable. Se llame como se llame. Lo resume Garralda: "Es un fenómeno reciente que se estaba gestando desde hacía años, y recibió un espaldarazo con el escándalo Enron".

Telefónica es una de las empresas españolas que ya tiene una memoria de responsabilidad corporativa.
Telefónica es una de las empresas españolas que ya tiene una memoria de responsabilidad corporativa.BERNARDO PÉREZ

Alivio del presidente y vigilante de la organización

Los directores de Gobierno Corporativo (CGO en sus siglas en inglés) surgen en Estados Unidos como reacción a los escándalos empresariales como Enron o WorldCom. Por eso, entre sus funciones está la de "proporcionar alivio a los presidentes, directores financieros y otros directivos perseguidos por la justicia", según un informe de la consultora Gartner publicado la semana pasada.

Este estudio resume las funciones del cargo. La primera es establecer los procedimientos y políticas necesarios para cumplir la ley y promover un comportamiento ético en la plantilla. La ley Sarbanes-Oxley, aprobada el año pasado, impone nuevas obligaciones en este sentido. Para lograr este objetivo, los CGO deben trabajar mano a mano con el comité de gobierno corporativo de la empresa. Esto exige que se coordinen con los responsables de cada unidad de negocio, lo que permite ver si los procedimientos se ajustan a la realidad. También deben establecerse de forma clara los castigos y sanciones por no cumplir las normas.

Por último, estos directivos, que deben tener conocimientos legales y financieros, tienen como meta mejorar la comunicación para que la plantilla entienda los cambios y, sobre todo, hacer un seguimiento de los mismos.

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Sobre la firma

Amaya Iríbar
Redactora jefa de Fin de Semana desde 2017. Antes estuvo al frente de la sección de Deportes y fue redactora de Sociedad y de Negocios. Está especializada en gimnasia y ha cubierto para EL PAÍS dos Juegos Olímpicos y varios europeos y mundiales de atletismo. Es licenciada en Ciencias Políticas y tiene el Máster de periodismo de EL PAÍS.

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