¿Quién teme a Andalucía?

Quién teme a Andalucía?". Ésta es la pregunta que en voz alta lanzó el pasado 20 de septiembre Manuel Chaves cuando fue elegido por quinta vez consecutiva candidato a la presidencia de la Junta para las próximas elecciones autonómicas. No era una cuestión dirigida al aire, sino al Partido Popular, el principal partido de la oposición, una formación que mantiene una ambigua y confusa posición acerca de la reforma del estatuto de autonomía, un texto que en octubre de 2001 cumplió 20 años y que toda la izquierda andaluza -PSOE, Izquierda Unida, Partido Andalucista y Partido Socialista de Andalucía- aboga por reformar.

La propuesta de modificación del estatuto andaluz la puso sobre la mesa Manuel Chaves en el debate de la comunidad celebrado en junio de hace dos años, cuando aún no existía una directriz de la nueva dirección federal del PSOE sobre el Estado autonómico, como la que se aprobó en el mes de agosto en Santillana del Mar; las posiciones soberanistas del lehendakari Juan José Ibarretxe eran algo más que suposiciones, y la propuesta reformista del presidente del PSC y candidato a la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, aún no estaba definida.

La propuesta de modificación del estatuto andaluz la puso sobre la mesa Manuel Chaves en el debate de la comunidad hace dos años

Desde el principio, los conservadores andaluces no se han tomado en serio la iniciativa de modificación estatutaria, que consideran "un truco" y "un cuento"

Cuando expuso la necesidad de reformar el estatuto en 2001, Chaves lo hizo sin mirar ni al este ni al oeste ni al norte, y no para reclamar nuevas competencias autonómicas, sino para impulsar lo que ahora denomina "un nuevo cambio" político, social y económico en Andalucía y que entonces bautizó con el nombre de la "segunda modernización". Hay que recordar que lo hizo en un momento muy delicado para su Gobierno, que entonces estaba envuelto en un conflicto interno, a causa, básicamente, de los tirones territoriales por la pretendida fusión de las cajas de ahorro de la comunidad, por lo que su propuesta de reforma estatutaria sonó como un salvador toque de campana.

Chaves además planteó la reforma con enormes cautelas y como fruto de un amplio debate en todos los aspectos. Porque no hay que olvidar que Chaves, que es además presidente federal del PSOE, no bebe de las fuentes nacionalistas y conoce a la perfección que los andaluces no tienen conflicto con su identidad (el 61,9% se siente tan andaluz como español, según la última oleada de la Encuesta General de Opinión Pública de Andalucía).

Una de las quejas que con mayor asiduidad dirige el presidente andaluz al Gobierno que pilota José María Aznar es la "involución" autonómica que, a su juicio, propicia el Partido Popular. "Andalucía es también Estado", ha repetido en numerosas ocasiones el socialista. Ésa es otra de las razones en las que se basa su iniciativa de reforma en la que propone, además de una conferencia de presidentes autonómicos -idea que ya defendió recién aterrizado en Sevilla en 1990-, nuevas fórmulas de participación de la comunidad en la conformación de la voluntad estatal ante la Unión Europea, especialmente en materias sobre las que Andalucía tiene competencias plenas.

Además de la relación con Europa, el presidente andaluz ha apuntado otros siete bloques sujetos a revisión en el estatuto, que se refieren a la inmigración, las nuevas tecnologías, las mujeres, la hacienda de la comunidad, con el objetivo de aumentar la autonomía financiera, la ordenación del territorio y Gibraltar -Andalucía es la única comunidad que tiene tres fronteras (con el Magreb, Portugal y el Reino Unido)-, además de otro capítulo considerado como reformas técnicas y que los juristas califican de "cosméticas", como la inclusión en la norma andaluza de los organismos creados a lo largo del proceso autonómico (como el Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas).

El Gobierno andaluz tiene previsto presentar a finales de noviembre un documento de bases con el desarrollo de estos apartados, un texto en el que trabajan juristas y políticos, pero del que nada ha trascendido. Chaves quiere llevarlo para su debate al Parlamento de Andalucía, a la par que el trabajo desarrollado por un grupo de expertos en diversas materias sobre la denominada segunda modernización. Tras esta ostentosa definición se esconde un exhaustivo análisis sobre los cuellos de botella que estrangulan el crecimiento de Andalucía, y en el que se propone acometer cambios estructurales urgentes (en el plazo de una legislatura), como la reforma de la Administración autónoma con la creación de agencias públicas prestadoras de servicios; actuaciones en el área de educación, tanto para dotarla de medios tecnológicos como en la formación intensiva de los profesores para propiciar el bilingüismo; aplicación de nuevas fórmulas de cooperación territorial que afectan desde las comarcas hasta las áreas metropolitanas y en la que se arrincona a las diputaciones provinciales, o la creación de una especie de lonja tecnológica andaluza con visión comercial.

Poco serio

"¿Y para eso necesita usted reformar el estatuto?". Ésa es la pregunta que la mayoría de las veces le espeta la presidenta regional del Partido Popular, Teófila Martínez, en las tres ocasiones en las que han debatido sobre el asunto en la Cámara autónoma. Desde el principio, los conservadores andaluces no se han tomado en serio la iniciativa de modificación estatutaria defendida por Manuel Chaves por cuanto la consideran una "rimbombante operación de propaganda", "un truco", "un cuento" y "un juego de ilusionismo". El descreimiento con el que acogió el PP la propuesta dio paso luego a una negativa en toda regla a afrontar la reforma, por cuanto el PP considera que el estatuto actual aún no está desarrollado. Y de esa fase se ha pasado ahora a otra en la que no se cierra del todo la puerta al debate. PP y PSOE no ignoran que para que la reforma salga adelante es necesario que la apruebe el Parlamento andaluz por mayoría de tres quintos (60% de los diputados), las Cortes deben avalarla por mayoría absoluta, y los andaluces, finalmente, deben ratificarla en referéndum, en una consulta en la que hay que sopesar el riesgo de una baja participación.

El PP también sabe por propia experiencia que quedarse con la bandera del no a la reforma entraña en Andalucía un peligro político de incalculables consecuencias. El PP, que no ha ganado ninguna de las seis convocatorias electorales autonómicas, es el heredero directo de la derecha andaluza que se opuso a que Andalucía accediera al inicio de los años ochenta a su autogobierno por la misma vía que la prevista en el artículo 151 de la Constitución para las llamadas comunidades históricas (el País Vasco, Cataluña y Galicia), y hay algunos dirigentes que advierten de que no pueden caer de nuevo "en el error" de quedarse al margen de un nuevo tirón autonómico. Quizá es por eso por lo que el nuevo líder del PP, Mariano Rajoy, no mostrase en su primera visita a Andalucía como secretario general un rechazo frontal al debate abierto por Manuel Chaves -que secunda abiertamente toda la izquierda de la comunidad-, aunque optó por ningunearlo: "¿Conocen a alguien que tenga entre sus preocupaciones vitales la reforma del estatuto?", dijo. El argumento de la escasa demanda social es el mismo, por cierto, que su antecesor, el sevillano Javier Arenas, empleó al referirse a la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.