Democracia interna y escaños

El pasado miércoles 1 de octubre, Javier Pradera vertía sus opiniones sobre escaños y lealtades en un artículo que a mi juicio daba una visión parcial de los muchos problemas que surgen en torno al transfuguismo y a la libertad de expresión en el seno de

los partidos políticos. En efecto, Pradera parece reducir el eventual conflicto y la necesaria convivencia entre la disciplina de partido y el ejercicio de la libertad de expresión a un problema marginal, y olvida analizar que en nuestro sistema constitucional el mandato del diputado es representativo y la jurisprudencia constitucional no es simplemente una interpretación sometida a enfoques diferentes, sino que se trata de un tema central, que excluye el mandato imperativo.

La doctrina es contundente al respecto, "en el supuesto de confrontación entre diputado y partido es evidente que la lógica de la democracia partidista y el principio de proporcionalidad tienen que ceder por obligación a la lógica del principio clásico de representación por ser el único constitucionalmente regulado. Proceder de otra forma equivaldría a consagrar auténticas rupturas y violaciones constitucionales" (P. de Vega García).

Y precisamente la monografía que cita el señor Pradera en su artículo, de Beatriz Tomás Mallén, sobre Transfuguismo parlamentario y democracia de partidos, aboga por la creación de la figura del diputado no adscrito, que tendría, entre otras ventajas, la de desincentivar el transfuguismo, fenómeno que todos condenamos y en el que perderían presencia los partidos políticos, que, como es sabido, han usado y abusado de su utilización con fines propios.

Otra cosa sería, lo que parece no interesar al señor Pradera, el supuesto de personas expulsadas o escindidas de un partido político antes de que termine la legislatura y que han de salir necesariamente del grupo parlamentario al que pertenecen por no formar parte ya de sus filas. Todos recordamos el caso de Cristina Almeida y Diego López Garrido, que terminaron la anterior legislatura en el Grupo Mixto. Almeida, sentada en un escaño obtenido por la formación política de Izquierda Unida, se presentó nada menos que como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el PSOE, y el segundo concurrió en las siguientes elecciones en las listas también del PSOE por Madrid, obteniendo su escaño de diputado e incluso un destacado puesto en la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español.

¿Estamos ante un caso de transfuguismo? No necesariamente. Eso sí, en este supuesto el PSOE lo avaló y refrendó y a nadie se le ocurre compararlos con los diputados Tamayo y Sáez, que protagonizaron la espantada en la Asamblea de Madrid. Por tanto, señor Pradera, habría que contemplar más supuestos y tratar de analizarlos con objetividad, así como reflexionar sobre la necesidad de impulsar la democracia interna en los partidos políticos y el espacio de libertad necesario para que afloren las ideas y los debates enriquecedores, y que éstos dejen de ser "coto de paniaguados sin más méritos que la obediencia a su partido y el cabezazo ante el que manda", como decía certeramente un reputado periodista hace pocos días.

La lealtad a un partido político no debe estar reñida con el ejercicio de la siempre sana libertad de expresión. Pretender amordazar el libre pensamiento en el seno de los partidos, bajo la excusa de lealtades que en demasiadas ocasiones son clientelares, supondría aceptar que por el hecho de ser diputado queda cercenado un derecho fundamental. Si además aceptamos que pueda perseguirse, con expedientes disciplinarios y amenazas de expulsión, a quien discrepa públicamente de las posiciones asumidas por la dirección de su partido, estaríamos resucitando, aunque sea circunscrito al ámbito interno de un partido, el delito de opinión de épocas afortunadamente superadas.

Y cuando se dice que pertenecer a un partido político es voluntario, hay que añadir que para trabajar en política necesariamente hay que pertenecer a un partido político, por lo que sólo sería voluntaria la elección de la formación política en la que se quiere militar. Por ello es coherente su regulación constitucional y la obligatoriedad del cumplimiento de todas las garantías en su funcionamiento interno y también su financiación pública, que pagamos todos a través de nuestros impuestos.

En suma, creo que para hablar de escaños y lealtades hay que matizar algo más y no olvidar que, según nuestra Constitución, los partidos políticos "han de ser democráticos en su estructura interna y en su funcionamiento", y ello significa asumir la discrepancia y no estorbar el ejercicio de los derechos fundamentales de sus afiliados y de sus representantes políticos.