La hora de la verdad para los Mossos
La policía catalana ya está en el 70% del territorio y en 2005 asumirá sus competencias en Barcelona
¿Mejora o empeora la seguridad en la calle, en los comercios, en las viviendas? ¿Faltan policías? ¿Se está haciendo bien el despliegue de los Mossos d'Esquadra? Las opiniones no son coincidentes sobre un asunto, la seguridad, que antes preocupaba poco a la ciudadanía y a los políticos, pero que se ha convertido en uno de los ejes de las últimas campañas electorales.
Jordi Pujol -que preside la Generalitat desde hace 23 años- optó en su momento por tener una policía propia y ha tenido que compartir las críticas con el Gobierno central por el aumento de la inseguridad ciudadana. El despliegue de los Mossos ha sido lento, pero en los próximos cuatro años ya estarán desplegados en toda Cataluña. Hoy cubren el 70% del territorio (véase el mapa adjunto), aunque están presentes básicamente en las zonas rurales. Ya ejercen sus funciones en Girona y Lleida y este mes han llegado a L'Hospitalet de Llobregat y Santa Coloma de Gramenet. La prueba definitiva llegará dentro de dos años, cuando tengan a su cargo la seguridad en la ciudad de Barcelona.
Los agentes llegarán a Barcelona dentro de dos años y la oposición critica al Gobierno catalán porque "el despliegue ha sido lento"
La policía de la Generalitat se empezó a desplegar en 1994 y acabará de implantarse en todo el territorio en 2008, tres años antes de lo previsto inicialmente. En la actualidad, existen 8.000 agentes y el objetivo es doblar esta cifra. Los Mossos son ya la policía ordinaria en las comarcas donde actúan, es decir, los encargados de resolver los problemas más próximos al ciudadano, desde el pequeño robo al tirón o los actos de violencia doméstica. Los cuerpos de seguridad estatal mantienen las compencias en terrorismo, extranjería, delincuencia organizada y documentación, entre otros. Los mossos tienen un sueldo medio de 1.300 euros al mes, entre el 30% y el 40% más que los cuerpos de seguridad estatales. El Departamento de Justicia e Interior calcula que el coste total del despliegue se acercará a los 720 millones de euros durante los 14 años que durará, cantidad que pagarán entre la Generalitat y el Gobierno central.
Pero si en los primeros años la sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil por los Mossos apenas tuvo eco, el aumento de los delitos en los dos últimos años la ha colocado en el candelero. Varios alcaldes se han quejado de que mientras unos se retiran y otros se despliegan existen menos efectivos policiales y más inseguridad. Es el caso de Cornellà, L'Hospitalet, Castellar del Vallès y Tarragona, y pecisamente será esta provincia la última en recibir a los Mossos: entre 2004 y 2008.
Las estadísticas del Ministerio del Interior muestran que la provincia de Tarragona es la más insegura de Cataluña y una de las más inseguras de España, con 459 delitos por cada 10.000 habitantes el año pasado. En cambio, Barcelona registró 238 delitos por cada 10.000 habitantes, menos que Madrid (317). Girona y Lleida están a la cola, con 15 y 2,9 delitos, respectivamente.
La consejera de Justicia e Interior, Núria de Gispert, afirma que el despliegue es satisfactorio y que se han incorporado 42 agentes para reforzar la seguridad en Tarragona y el año que viene se enviarán otros 100 a esa zona.
La Delegación del Gobierno en Cataluña afirma que la seguridad ciudadana ha mejorado este año porque los delitos denunciados en la provincia de Barcelona (donde los cuerpos policiales estatales siguen ejerciendo las tareas de seguridad) han descendido el 14,2%, y las faltas el 4,8% entre enero y agosto.
De Gispert asegura que los delitos en las zonas en las que operan los Mossos d'Esquadra se están reduciendo, salvo en el caso de los tirones. La consejera destaca que los Mossos d'Esquadra "se han responsabilizado ya de la seguridad de 700.000 catalanes".
La oposición critica a la Generalitat y dice que no se han tomado medidas para atajar los delitos. El diputado Marc López, responsable de asuntos de seguridad del PSC, recalca que su partido propuso que los Mossos acabaran su despliegue un año antes de lo pactado, en 2007, y asegura que el Gobierno catalán ha actuado "tarde y mal". "Envían ahora unos pocos agentes a Tarragona cuando nosotros propusimos 500", dice.
Joan Ridao, diputado de ERC, señala que los Mossos deberían asumir el mando único de las fuerzas de seguridad en Cataluña y que "el despliegue se ha hecho mal porque no se ha cumplido lo aprobado por el Parlament". Jaume Bosch, de ICV, también afirma que el despliegue debería haberse acelerado para evitar situaciones transitorias. "La sustitución de la policia estatal por los Mossos ha hecho que se pierdan efectivos porque no se cubren las vacantes", agrega. En opinión del diputado del PP Daniel Sirera, la seguridad aumentará con la reforma del Código Penal, que hará "que los delincuentes que cometan tres faltan puedan ingresar en prisión".
Temor a los brotes xenófobos y violentos
La violencia urbana ha vuelto al candelero con brotes xenófobos y grupos de incontrolados que han sembrado el miedo tras actuar en varios puntos de Cataluña en los últimos meses. Son pocos, pero han aparecido de forma especial en el Vallès, donde los ciudadanos han salido a la calle para pedir más medios policiales.
En el barrio de Ca n'Anglada, en Terrassa, varios jóvenes de estética skinhead apuñalaron en mayo a un ciudadano marroquí y arrojaron un cóctel mólotov contra un bar. El mes pasado, en la fiesta mayor de Castellar del Vallès, los cabezas rapadas boicotearon un concierto y arrojaron objetos al escenario. Días más tarde, en la misma localidad, grupos violentos provocaron altercados. A causa de la carga policial, resultaron heridos varios vecinos ajenos a los hechos. Hace una semana, en Sabadell, se produjo una batalla campal entre policías y jóvenes que habían estado bebiendo en un concurrido bar de la ciudad.
La oposición asegura que estos actos de violencia demuestran que no se ha actuado para prevenirlos. El PSC afirma que la seguridad sigue siendo un problema de primer orden en el que tienen responsabilidades tanto el Gobierno central como el de la Generalitat, según el diputado Marc López.
A juicio de Jaume Bosch, de ICV, "la situación es delicada en algunas zonas del área metropolitana de Barcelona y de Tarragona y Reus".
Joan Ridao, de ERC, afirma que los hechos violentos de Castellar del Vallès demuestran "que hay problemas de seguridad en el área de Barcelona y su conurbación, y no se ha actuado para prevenirlos".
En cambio, el diputado del PP encargado de cuestiones de seguridad, Daniel Sirera, cree que los recientes actos de vandalismo de skins en algunas poblaciones del Vallès no son alarmantes y se pueden solventar "ejerciendo más presión policial".
El Gobierno central y el catalán han garantizado que tomarán medidas. La Delegación del Gobierno se ha comprometido a reforzar los efectivos policiales en las zonas afectadas por actos de violencia urbana. La consejera de Justicia e Interior recuerda que ha enviado efectivos a Tarragona y señala que se acaban de desplegar 600 mossos entre L'Hospitalet, Santa Coloma y el Maresme.
