IU denuncia un nuevo retraso del 'caso funeraria' para "beneficiar al PP"

El fiscal del caso funeraria, que investiga la venta supuestamente fraudulenta del 49% de esa empresa municipal en 1992 por 100 pesetas de entonces, pidió hace un mes que la causa pasara del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a la Audiencia Provincial al no haber ya ningún acusado aforado. Inés Sabanés, portavoz de IU, denunció ayer con un escrito ante el TSJM esa maniobra "inaceptable" que "retrasará el juicio hasta después de las elecciones generales de 2004" y que "sólo beneficia al PP".

El cambio de sala se produce porque Luis María Huete, el único acusado que tenía calidad de aforado por ser diputado regional, perdió esa condición el pasado mayo, cuando dejó de ser parlamentario. Eso, según el fiscal, obliga a devolver el caso a la Audiencia Provincial, que es la competente cuando no hay aforados. El Tribunal Superior ha pedido opinión a las partes, e IU, que ejerce la acusación, se opone.

Huete es uno de los tres ex cargos públicos del PP inculpados en esta causa, junto a Simón Viñals y Antonio Moreno. Todos eran concejales en el Ayuntamiento cuando, en 1992, éste vendió el 49% de la empresa municipal funeraria por 100 pesetas a la firma privada Funespaña. El PP argumentó que la empresa era ruinosa, pero nada más venderla, la funeraria arrojó beneficios millonarios.

La instrucción judicial se inició en 1999, y concluyó en abril de 2002. El fiscal pidió entonces seis años de cárcel y 25 de inhabilitación para Viñals, Moreno y Huete por prevaricación, malversación y maquinación para alterar el precio de las cosas. En febrero de 2003, la defensa elevó su escrito definitivo, "y ahí es cuando se tenía que haber fijado ya, de una vez, la fecha del juicio", recordó ayer Sabanés. Pero entonces, "según publicó un periódico y nadie desmintió, el Tribunal Superior decidió que la vista no debía celebrarse tan cerca de las elecciones del 25 de mayo, para evitar que el caso se politizase. ¡Eso sí que fue politizar el caso!", protestó la portavoz.

"Y, ahora, cuando están a punto de celebrarse otros comicios, el cambio de sala supondrá retrasar el juicio hasta 2004, probablemente hasta después de las elecciones generales. Casualmente, estos retrasos se producen siempre antes de una cita electoral", continuó Sabanés. IU sospecha que el cambio de sala, "aun siendo legal", tiene como objetivo "beneficiar al PP". Además, advirtió sobre la situación en la que queda el ex consejero y candidato a diputado José Ignacio Echániz, que estuvo imputado y cuya acusación se encuentra en "sobreseimiento provisional": "Si hay nuevas pruebas y vuelve a estar inculpado, ¿habrá que volver a cambiar de sala?".