Consumo modificará la ley de créditos para que no se repita el 'caso Opening'

El Ministerio de Sanidad y Consumo prevé modificar la ley de créditos al consumo para regular los préstamos vinculados a la prestación de un servicio. El cambio supondrá que "cuando se hace un contrato vinculado a la prestación de un servicio, si se deja de recibir el servicio, se acaba la obligación de pagar", explicó ayer un portavoz de Sanidad y Consumo.

El subsecretario de Sanidad, Pablo Vázquez, explicó ayer que la modificación, que se tramitará como una addenda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, "pretende evitar que se repitan situaciones como la de la academia de idiomas Opening".

La cadena de centros de idiomas suspendió pagos en julio del año pasado y dejó en la calle a más de 45.000 alumnos, muchos de los cuales se habían visto obligados a pedir un crédito para sufragar la enseñanza que, finalmente, no recibieron. El subsecretario explicó que "una cosa es pedir un crédito a un banco para gastártelo en comprar un coche, por ejemplo, y otra diferente tener que pagar las letras del coche si éste no funciona o si la compañía automovilística no lo entrega".

En el caso de Opening la situación fue peor, porque muchos de los alumnos firmaron créditos sin saber siquiera que lo hacían. La academia se encargaba de tramitar el crédito de forma que los estudiantes ni siquiera visitaban una oficina bancaria. Lo que ellos creían que era una especie de pago de matrícula aplazado se convirtió en una trampa, ya que algunas de las entidades acreedoras continuaron cobrándoles los recibos aunque los estudiantes no estaban recibiendo el servicio por el que habían pagado.

En un caso como el de Opening, la academia hará un informe al banco indicándole que se trata de un crédito asociado a que se impartan unas clases, por ejemplo. Si se suspendieran las clases, el alumno no tendría que seguir pagando. Es responsabilidad del banco cubrirse ante esta circunstancia mediante un seguro, indicaron en Consumo.

Pero la modificación, que entrará en vigor previsiblemente el 1 de enero, una vez que hoy la apruebe el Consejo de Ministros y la envíe al Consejo Económico y Social para su dictamen, no tendrá efectos retroactivos. Algunas entidades, como La Caixa y el Santander, ya han renunciado a cobrar. En Madrid, una juez ha ordenado que no se les reclame el pago. Otros, como los representados por la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), continúan el litigio.