Acoso en el trabajo

Recientemente, la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Sierra Norte de Madrid fue condenada por vulneración de derechos fundamentales del educador de familia de dicha institución, en virtud de sentencia dictada por el juzgado 35 de lo Social.

El fallo especifica que la presidenta de la mancomunidad es responsable y amparadora del acoso realizado, principalmente por el coordinador de la institución, durante un periodo de más de seis años. Tras un periodo de 14 meses de baja laboral, el educador se incorporó al puesto de trabajo con la esperanza de que la institución y su presidenta acataran la sentencia. Sin embargo, tanto la presidenta como la directora hicieron caso omiso de tal deber, volviendo a realizar prácticas de acoso moral contra el educador e impidiendo su incorporación efectiva al puesto de trabajo, perjudicando además la prestación del servicio a las familias actualmente en tratamiento.

La situación fue de absoluto aislamiento, con el educador en un rincón de la sala de juntas, sin medios ni trabajo que realizar y con un deterioro creciente de su condición física y psíquica, que le ha llevado a una nueva baja laboral con reagudización del trastorno por estrés post-traumático que le fue diagnosticado.

En los últimos tiempos observamos impotentes la existencia en el Estado español de burbujas en las que se vulneran los derechos de los ciudadanos y es en las instituciones públicas donde más abundan. El hecho de la existencia de estos "espacios anticonstitucionales" en una institución pública cuyo fin último es la protección social de los ciudadanos, constituye el último eslabón de la corrupción de nuestra democracia y pone de manifiesto la falta de legitimidad de los servicios sociales de la Sierra Norte. ¿Cómo podría el educador familiar acosado, ayudar, en un caso de violencia doméstica?