Una juez ratifica un despido en Kelme por "falta de rentabilidad"

"Kelme roza la quiebra técnica", aseguró un perito contratado por esta empresa de prendas deportivas y de calzado durante el juicio por el despido de Antonio R. C., un administrativo de la mercantil. La aseveración realizada en la sesión oral por la empresa fue ratificada ayer por la titular del Juzgado de lo Social número 2 de Elche, quien ha confirmado en una sentencia que Kelme sufre de "ineficiencia y de falta de rentabilidad", desestimando así la demanda del trabajador.

El trabajador fue despedido en febrero pasado junto a otros 14 más por "causas económicas" y ante la situación "de retroceso económico considerable" que sufre Kelme, según justificó la empresa en la carta de despido.

Sin embargo, José García, representante legal del trabajador, defendió durante el juicio que no existe tal causa económica, sino que la empresa utiliza una doble contabilidad para declarar sólo el 50% de sus ingresos. García presentó a la juez varias facturas para probar la supuesta doble contabilidad que aplicaba Kelme.

No obstante, la magistrada establece que dichas facturas sólo "constituyen meras sospechas, no hacen prueba por no llevar firma ni sello alguno los documentos que aporta". La juez descarta esta prueba a la vista de que los directivos de Kelme "niegan la existencia de tales defraudaciones".

Para la magistrada está claro que la situación económica del grupo Kelme es delicada y se atiene al informe presentado por la mercantil durante la vista oral. Durante la sesión del juicio, quedó de manifiesto que Kelme sufre una acumulación de pérdidas de 32 millones de euros, además de una falta de liquidez que se arrastra ya cuatro años. El informe elaborado aseguraba que la facturación ha caído un 25% desde 1999 y las exportaciones un 60%. La facturación también se redujo de 55 millones de euros en 1999 a 38 millones en 2002. Estos resultados acreditados, según la magistrada, "conllevan la desestimación de la demanda" del administrativo.

El graduado social que defiende al trabajador presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

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