El funcionario destituido critica la gestión urbanística de Elche y mantiene sus denuncias

El técnico del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Elche Marcos Sánchez, destituido el pasado 13 de septiembre de su puesto, defiende la legalidad de su actuación en el expediente del plan parcial AR-1, que corresponde a la zona de Arenales del Sol, donde se prevé la construcción de 3.200 viviendas en la línea de costa. "Mi actuación acata la legalidad como funcionario de carrera que soy, sin mirar el color del que manda", afirma. La destitución decidida por el alcalde, Diego Macià, del PSPV, supuso una lluvia de acusaciones por parte de la oposición.

EU y PP sostienen desde ese momento la creación de una comisión de investigación para aclarar lo que denominan "trama urbanística". Red que, según la oposición, queda de manifiesto tras la destitución de la jefe de área de Urbanismo, Pilar Amorós, por "irregularidades cometidas en el expediente y por su relación laboral con el principal promotor de Arenales del Sol", el empresario Ramón Salvador Águeda. El equipo de gobierno descarta el concepto "trama" y ha bloqueado la creación de la comisión de investigación y mañana lunes se aprobará en el pleno con los votos socialistas la suspensión provisional de la tramitación del expediente de este plan parcial.

Esta decisión del pleno se debe a un requerimiento de la Dirección General de Costas, que denunció el incumplimiento de determinados pasos administrativos que invalidan el proyecto. Éste es uno de los errores cometidos en este asunto. Pero Sánchez sostiene que hay más. "El funcionamiento del área de urbanismo no es el correcto", dice, y se reafirma en los errores "graves o muy graves" detectados en el plan. "No me he extralimitado, no he ocultado información a nadie y mis informes estaban motivados en respuesta a recursos de reposición de particulares que había que responder", sostiene este funcionario. "En ningún momento he calumniado a nadie, como se ha dicho desde el equipo de Gobierno; lo único que he denunciado son hechos y posibles irregularidades cometidas por algunas funcionarias del departamento. Pero eso es algo que estoy obligado a denunciar como funcionario público", apuntó Sánchez. La versión del equipo de gobierno es contraria y relaciona la destitución de Sánchez como respuesta a un informe jurídico (que dicen vino acompañado de calumnias contra trabajadores del área y amenazas contra algunos responsables políticos) que daba la razón a los defectos detectados en el plan parcial y la reparcelación presentados por uno de los propietarios de terrenos en Arenales del Sol: la familia de la edil socialista Francisca Sabater. "La actuación de la concejal ha sido correctísima", afirma el funcionario, "sí, lo suyo ha sido un robo a mano armada, que se ha quedado sin un metro de suelo, que tiene reconocido por todo".

Durante las últimas semanas, el PP ha sostenido la ilegalidad de los acuerdos plenarios sobre Arenales votados por Francisca Sabater, quien reclama junto a su familia 57.654 metros cuadrados en la zona. El portavoz popular, Rafael Ramos, ha solicitado en múltiples ocasiones la dimisión de Sabater. El técnico de urbanismo informó a favor del recurso presentado por la familia de Sabater. Desde el punto de vista de Sánchez, tal y como figura en el informe de 18 de julio, la reclamación de la familia Sabater está acreditada desde 1864 y se reconoce "en el avance catastral de 1906, manteniéndose en la actualidad la finca catastrada en el mismo sector y con una superficie similar". Y cuestiona la irregularidades achacadas a la edil socialista: "Es descabellado pedir dimisiones. La propiedad era del padre de su abuelo, así que desde allí hasta ahora son muchos los herederos, primos de los primos, es normal descuidar estos asuntos. Además, los 58.000 metros no son sólo para Sabater", afirma.

La arquitecta municipal opinó lo contrario, y consideró en su informe que no se puede ubicar el terreno que reclama la familia. Éste fue el primer encontronazo público entre los dos informes contrarios de la arquitecta y el técnico, tras la filtración de los informes. "A mi criterio, el urbanizador propone y la arquitecta jefe valida en su informe el menos favorable de los intereses municipales".

Un segundo recurso de la familia Sabater crearía las discusiones más agrias entre la arquitecta y Sánchez, que terminarían a favor de Amorós tras el cese del funcionario. "Yo no me inventé nada y no hice el informe porque sí", explica, "respondía a un recurso de reposición de la familia Sabater", presentado oficialmente en 16 de julio. La familia Sabater fue la que denunció en su recurso contra la reparcelación de Arenales, aprobada en enero (con el voto de la propia edil socialista), supuestos errores, reconocidos por algunos miembros del equipo de Gobierno y minimizados por otros en sus distintas comparecencias.