Adjudicación y elecciones

La actual corporación del Ayuntamiento de Vilanova de Alcolea no corresponde a los resultados obtenidos en las últimas elecciones locales celebradas en mayo. Una diferencia de dos votos para dar la mayoría al PP o al PSPV llevó el resultado a un tribunal que exigió la repetición de los comicios, después de que varios extranjeros ejercieran su derecho al voto pese a no contar con él. Así, el 26 de octubre, el municipio castellonense celebrará su elección y de ella saldrá la Corporación que regirá los destinos del municipio los próximos cuatro años.

Aún así, pese a las polémicas y la fijación de una nueva fecha para elegir a la Corporación, el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, anunció esta semana que, antes de final de mes, contará con los informes técnicos y jurídicos necesarios para iniciar el trámite de adjudicación en la primera quincena de octubre. En cualquier caso, la adjudicación no guarda ningún secreto ya que, pese a que Fabra ha insistido, durante años, en el interés que muchas empresas tenían por el proyecto, finalmente, sólo una unión temporal de empresas ha presentado oferta para su construcción. Así, la UTE formada por el grupo castellonense Lubasa, con un 50%, Fomento de Construcciones y Contratas, con un 40%, y PGP, una consultora local, con el 10%, serán las adjudicatarias de la obra y gestión del futuro aeropuerto Castellón-Costa de Azahar.

Además, la UTE logró que se modificara un importante punto del pliego de condiciones que marca el dinero que la Administración pagará a la empresa si no se alcanza el número de viajeros previsto durante el primer año de puesta en marcha de las instalaciones. Así, el pliego inicial indicaba que en el caso de que el aeropuerto no alcance en su primer año de funcionamiento los 200.000 viajeros, la sociedad pública Aeropuerto de Castellón, SL, pagará 5 euros por cada uno de menos. Sin embargo, ahora, la adjudicación supondrá que la UTE reciba 5 euros por cada uno de los 600.000 viajeros que no lleguen a Castellón en 2007. Este cambio sirvió para que la oposición calificara el pliego de "un traje a medida" para las empresas.