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Columna
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La cruzada

Los ciudadanos en general necesitan creer que nuestras instituciones funcionan como se espera de un Estado democrático. Sin embargo, acontecimientos recientes y menos recientes han puesto y siguen poniendo en tela de juicio su correcto funcionamiento. El fracaso de la Administración de Justicia en el caso de Rocío Wanninkhof, el goteo de fugas de delincuentes mezclados con el narcotráfico y el de niños como el asesino de la catana el pasado jueves -capturado horas después- son algunos ejemplos. Pues bien, cuando se conocen hechos de una gravedad que enseña a las claras que nuestra Administración se equivoca sin parar y, en lugar de asumir esta ineficacia por el Gobierno de la nación, de Aznar, se escucha al ministro Michavila responsabilizando a Andalucía de todos los males, hay que echarse a temblar.

Hay que echarse a temblar porque no cabe pensar que el ministro no sepa lo que dice. El ministro sabe que la Justicia es competencia del Estado. Sabe que la Guardia Civil y la Policía Nacional dependen del Gobierno casi tanto como el fiscal Cardenal. De ahí que sus declaraciones insistiendo en que "no es casualidad que el caso Wanninkhof haya ocurrido en Andalucía" no puedan ser fruto del desconocimiento. Razonablemente tienen que responder a una estrategia. Una estrategia dirigida contra el Gobierno de Andalucía para que el PSOE pierda las próximas elecciones.

Si es así, y nada hace pensar lo contrario después de usar el método de la mentira para justificar la guerra contra Irak y el desastre del Prestige, nos vamos a encontrar la misma cruzada para tomar Andalucía. Ante una situación así, en la que las mentiras sirven a esta cruzada, son bienvenidas las declaraciones del teniente fiscal de Málaga y las del presidente de la Audiencia de Sevilla, intentando que a los andaluces se les respete con la verdad y calificando de lamentables las declaraciones del ministro. Claro que tampoco estaría de más que el presidente y el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que todos los años emiten su Memoria ante el CGPJ, hablaran. Si lo hacen en el Parlamento de Andalucía, con mayor o idéntica razón, deberían hacerlo cuando es a los andaluces a quienes se les miente. No es cuestión política. Es cuestión de respeto. El silencio, en esta ocasión, sólo puede favorecer la mentira y la cruzada.

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