El vaivén político de 60 municipios

Hay 60 municipios de los 179 de la región que han cambiado el partido que gobierna el Ayuntamiento tras las elecciones del 25 de mayo. El Partido Popular perdió las alcaldías de Alcorcón (149.594 habitantes), Aranjuez (40.928 vecinos), El Álamo, El Atazar, Ciempozuelos, Chinchón, Daganzo de Arriba, Fuente el Saz, San Agustín de Guadalix, Santorcaz, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdemanco y Venturada, ahora del PSOE y, además, Bustarviejo, Gargantilla, Lozoya, Navalafuente, Prádena del Rincón y Valdelaguna, que ostentan los independientes. También el PP perdió El Escorial (11.912 habitantes) donde gobierna ahora la coalición Foro Progresista de El Escorial integrada por el PSOE, IU, un grupo ecologista e independientes. Independiente es el alcalde, Lorenzo Fernández Fau.

Las alcaldías de Móstoles (198.819 habitantes), Alcalá de Henares (179.602 vecinos), Coslada (79.862 habitantes), Arganda del Rey (33.945 vecinos), Galapagar (24.927 habitantes), San Martín de la Vega (12.382) Guadarrama (11.280), Alpedrete, Buitrago del Lozoya, Cadalso de los Vidrios, Cobeña, Guadarrama, Meco, Rascafría, y Villarejo de Salvanés que estaban en poder del PSOE pasan a ser del PP. Los socialistas pierden también Colmenar de Oreja, Valverde de Alcalá, El Vellón y Villanueva de Perales, ahora de los independientes.

Teléfono 906

El PP arrebató al PSOE Móstoles, pero perdió Alcorcón. Móstoles llevaba 24 años de gobiernos de izquierdas. El PSOE achaca la derrota a la posible influencia sobre el electorado de las llamadas a un 906 efectuadas desde el móvil del concejal de Cultura y secretario general de la agrupación de Móstoles, Iván García Yustos.

En cuanto a Alcorcón, el pasado mes de abril la Consejería de Urbanismo, Obras Públicas y Transportes volvía a rechazar -por cuarta vez en cuatro años- el proyecto del Ayuntamiento popular para construir 33.000 nuevas viviendas al norte.

La Comunidad aprobó en enero de 1999 el Plan General de Alcorcón, pero dejó en suspenso un apartado que preveía la construcción de 33.000 viviendas al norte del municipio (en las que vivirían más de 100.000 personas), y pidió al Ayuntamiento que "subsanase las deficiencias" descubiertas en el proyecto y presentase uno nuevo. Así lo hizo el gobierno alcorconero en marzo de aquel año y, tras un nuevo rechazo del Ejecutivo regional, en enero de 2002. No sirvió: la Comunidad consideró que la propuesta de las 33.000 casas era excesiva y que, además, "hipotecaba" el desarrollo urbanístico de municipios vecinos. El último intento se produjo en diciembre, cuando el Ayuntamiento, gobernado por Pablo Zúñiga (PP) presentó su cuarta propuesta.

Alcorcón fue el primer gran municipio del cinturón rojo del sur de Madrid en derechizarse. En 1999, tras cinco mayorías absolutas de la izquierda, el Partido Popular alcanzó por primera vez el Gobierno local por un solo concejal. Entonces comenzó su revolución urbanística, nunca aprobada por la Comunidad.

Los socialistas dejaron en 1999 un Plan General donde se establecían los crecimientos de Alcorcón para los próximos años. En el norte no proyectaron nada.

Cuando llegó el PP al poder, se inició la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Una de las primeras decisiones fue rebajar a un tercio el número de viviendas baratas, de manera que si con los socialistas era obligatorio levantar 7.000 de las 10.000 viviendas previstas a un precio tasado y barato, con los populares los pisos de protección quedarían reducidos a 2.000 y el resto, 8.000, serían de precio libre y, por tanto, caros. Con todo, la decisión más importante que tomaron los gestores municipales del PP fue recalificar los terrenos rústicos del norte para levantar 33.000 viviendas, la mayoría de precio libre. Esta estrategia urbanística desató la protesta de la oposición (IU y PSOE), que llegó a querellarse, sin resultado, contra el Gobierno municipal.

Especulación inmobiliaria

La Fiscalía de Madrid también investigó el caso hasta descubrir numerosas anomalías supuestamente delictivas. En la querella, el fiscal intenta argumentar la participación de los querellados en lo que considera una trama de especulación inmobiliaria para un negocio de 6.000 millones de euros (un billón de pesetas).

En Chinchón, la alcaldesa Ana María Magallares (PP) se vio obligada a dimitir en octubre pasado en cumplimiento de la sentencia que la condenó en 2000 a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación [dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es] al no convocar una comisión de cuentas que el pleno municipal había aprobado. En julio, Magallares fue contratada por el Ayuntamiento de Alcalá, ahora en manos del PP, como asesora de turismo.

La pérdida de la alcaldía de Alcalá por el PSOE podría explicarse en parte por las luchas internas en este partido. En noviembre, el entonces alcalde Manuel Peinado trató, sin éxito, de derrocar del puesto de secretario general del PSOE en el municipio a Miguel Buenestado, diputado regional.

En Aranjuez, los escándalos urbanísticos con recalificaciones de parcelas en favor a particulares pueden explicar el paso de la alcaldía del PP al PSOE.

En febrero de este año, la práctica totalidad del gobierno municipal de Aranjuez, siete de los 11 ediles (mayoría absoluta), había sido llamados a declarar en la querella interpuesta por el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Emilio Valerio. Los cuatro últimos concejales citados entonces eran María Teresa Suárez, primera teniente de alcalde y delegada de Educación; Gloria Encinas, tercera teniente de alcalde; Víctor Martínez, delegado de Comercio y Bienestar Social, y José Luis Menéndez, responsable de Turismo. La investigación trata de aclarar la existencia de una presunta una trama económica para enriquecerse ilícitamente. Anteriormente habían sido imputados en la querella, el alcalde José María Cepeda, Javier Cepeda, concejal de Urbanismo y hermano del regidor, y Miguel Ángel Gálvez, edil de Hacienda, así como contra un arquitecto externo que trabajó para el Ayuntamiento, José Ángel Lazareno, y contra un técnico, el aparejador municipal José Antonio Segado. La investigación de la fiscalía incluye a varias empresas constructoras.

Normas subsidiarias

Por otro lado, el Gobierno regional decidía en enero mantener el aplazamiento indefinido de la totalidad de la revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Torres de la Alameda hasta que se resolviese la instrucción penal abierta por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia contra el alcalde de este municipio, Francisco Acedo Jiménez, del PP por un asunto de cobro de comisiones ilegales en el que está presuntamente implicado también el edil de Urbanismo, Benito Sotoca. En San Martín de la Vega el desacuerdo entre PSOE (7 ediles) e IU (dos) le ha dado la alcaldía al PP con ocho concejales, es decir, con mayoría pero no absoluta. El problema es que la relación entre Juan Carlos Vállega, alcalde de San Martín desde 1988, y los concejales de IU no fue buena en los últimos meses, y estos ediles no estaban dispuestos a alcanzar ningún acuerdo con los socialistas con Vállega al frente. "Ya lo avisamos antes de las elecciones, dijimos que la relación no era buena y que no íbamos a gobernar con Vállega. Si él sigue al frente dejaremos gobernar al PP en minoría", explicaba el cabeza de lista de IU, Francisco Nogales, tan sólo dos días después de los comicios.

Pero antes de las próximas elecciones municipales -dentro de cuatro años- habrá ayuntamientos que cambiarán de signo político. Mociones de censura, condenas judiciales a alcaldes y concejales, abandono de la política, cambios de partido... En Torrejón de la Calzada, por ejemplo, está prevista en breve una moción para derribar al actual alcalde, el socialista Ángel Rubio Buitrago. Le sustituirá previsiblemente José María Naranjo, del PP.