"Michavila miente y debe rectificar"

Carmen Hermosín (Sevilla, 1945) acaba de estrenar despacho, como el resto de los miembros del Gobierno andaluz, en el Parlamento de Andalucía. Está indignada por las "mentiras" del ministro de Justicia, José María Michavila, al que insta a "rectificar".

Pregunta. ¿Qué competencias tiene la Junta en materia de Justicia?

Respuesta. La obligación que tenemos ante la Administración de Justicia es dotarla de medios materiales. El ministerio determina incluso los órganos nuevos que se crean en cada comunidad, manda al juez, al secretario e incluso a los funcionarios aunque luego nosotros le pagamos la nómina. El juez es independiente, se supone, y es inamovible y en sus sentencias nadie entra. Tenemos que dotar a los juzgados, a la fiscalía, a la forensía y a los funcionarios de los medios materiales para que puedan desarrollar su labor. Y en eso, Andalucía ha mejorado, lo que no quiere decir que todo esté bien. Otra competencia es la de sostener el coste de la justicia gratuita a través de los colegios de abogados. Ésa es nuestra competencia genuina y luego he mantenido una relación de cooperación con el ministerio, con el Consejo General del Poder Judicial. No tenemos competencia ninguna sobre la Guardia Civil, ni sobre la policía ni sobre los jueces, los fiscales y los secretarios.

"La Junta siempre ha tenido una actitud de colaboración con el Ministerio de Justicia"

"Alguien debería explicar por qué no se ha actuado antes en el caso de King"

P. ¿Por qué entonces el ministro dice que la Junta tiene las mismas competencias que el ministerio?

R. Habrá que preguntárselo a él. Por qué miente y dice que la justicia donde peor funciona es en Andalucía. La encuesta refleja un estado de opinión y hay cosas que funcionan mejor que otras. Creo que es muy deshonesto utilizar la encuesta, sabiendo perfectamente el esfuerzo que estamos haciendo, como un arma arrojadiza contra la Junta de Andalucía.

P. ¿Michavila ha roto la cooperación con la Junta?

R. A mí me sorprende mucho porque él conoce cuál ha sido mi actitud durante estos años a pesar de que no hemos tenido una respuesta positiva a muchas cuestiones que le planteamos, pero siempre he mantenido una actitud de colaboración. Yo no entiendo muy bien cómo el ministro de Justicia es capaz de decir lo que ha dicho porque supone una provocación y cuando sabe la actitud de cooperación que nosotros venimos manteniendo.

P. ¿Debe dimitir el ministro?

R. Debe rectificar públicamente, y en el mismo ámbito, unas declaraciones muy ofensivas para Andalucía, porque no se trata de la Junta, sino que ha puesto en solfa el funcionamiento de todo el mundo.

P. ¿Qué le ha molestado más, las valoraciones del ministro sobre la encuesta acerca del funcionamiento de la justicia o la vinculación de la Junta con los errores de los casos de Rocío y Sonia?

R. Muchísimo más el segundo. Pero es que ya llueve sobre mojado. Ya hizo una valoración retorcida y muy miserable de la encuesta. Delante de mí no es capaz de sostener lo que está diciendo porque conoce perfectamente el esfuerzo de la Junta. Su valoración en el Congreso es absolutamente mentirosa, lo que demuestra un grado de cinismo importante. En general, la encuesta es positiva, aunque nadie me va a decir que la justicia funciona muy bien porque yo sé que no. Muchas veces la mala imagen de la justicia no se debe a que un juzgado esté muy deteriorado, sino por una sentencia, es decir cuando se pone el foco sobre algo que es incomprensible o es escandaloso.

P. ¿Cómo en el caso Wanninkhof?

R. Sí.

P. ¿Por qué cree que el ministro ha vinculado de algún modo lo ocurrido en ese asunto con la Junta?

R. Yo creo que se ha visto sometido a un cierto acoso por las preguntas que le planteó la oposición en el Congreso. Sobre todo, cuando se conoce que el ministerio de Interior tenía datos de que Tony Alexander King era peligroso. Sabemos que la gente que comete un delito de violencia sexual tiene una rehabilitación muy difícil. Yo entiendo también las dificultades de la policía, aunque alguien debería explicar por qué no se ha actuado antes.

P. Pero es evidente que ha habido un cúmulo de errores en la instrucción y en la investigación.

R. Claramente. El error inicial, el de la investigación, es el que ha conducido al judicial. La Guardia Civil ha inducido a error a los jueces profesionales y al jurado popular, porque toda la investigación fue encaminada exclusivamente a Dolores Vázquez dando por válidas unas pruebas que eran indicios. Menos mal que vino el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. ¡Menos mal, que puso pie en pared!

P. Sin embargo, es increíble que en esos cuatro años nadie impida lo que ha ocurrido con Dolores Vázquez.

R. El sistema de justicia es lento. Las disculpas se las tendríamos que presentar todos porque de alguna manera todos nos tragamos lo que dijo la investigación y que indujo a un error judicial. También los medios de comunicación... Todavía salen imágenes de esta señora con las manos esposadas. Eso es tremendo e irreparable para una persona, pero por lo menos que le quede una cierta compensación moral.

P. El PP ha propuesto cambiar la ley del jurado.

R. No estoy de acuerdo. La derecha judicial ha sido más discreta y moderada que el Gobierno. Al PP nunca le ha gustado la institución del jurado y lo que no se puede es aprovechar este caso, donde todo el mundo ha metido la pata, y proponer cambiarlo. Es una institución que lleva poco tiempo. Si hay que mejorar la ley, vayamos a ello, pero no al rebufo de lo que ha ocurrido ahora. Es una salida muy oportunista, las cosas hay que hacerlas con más reflexión.

P. ¿La fiscalía del TSJA tendría que tener más competencias?

R. La Fiscalía del TSJA actúa en una posición jerarquizada respecto al Fiscal General del Estado. La reforma del ministerio fiscal ha estado quizás en la base de que el PSOE se haya decidido a denunciar los incumplimientos del Pacto de la Justicia, donde lo que se ha hecho es darle más poder al fiscal general del Estado, que tiene una dependencia orgánica del Ministerio de Justicia. Eso ha servido para cargarse a todos los fiscales más progresistas y poner a los más conservadores y también para descafeinar la Fiscalía Anticorrupción, que estaba haciendo una labor importante, aunque con cortapisas por parte de la Fiscalía General del Estado. Ésta nunca le dejó intervenir en los asuntos de Marbella y, por supuesto, el fiscal del TSJA tampoco podía intervenir. Cuando he pedido más competencias para la fiscalía andaluza es en el sentido de que por lo menos tenga una vinculación mayor con Andalucía o con el Parlamento o con el Gobierno.

P. ¿Por qué la Junta no pide las competencias, en su proyecto de ley de policía autonómica, que afectan a la seguridad ciudadana?

R. La Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra han ido asumiendo competencias progresivamente. Lo que se está planteando aquí es más o menos lo mismo. Ésa no es mi competencia ahora, pero no es fácil. Nosotros queremos que se mejore la unidad adscrita que tenemos, que nos ha costado años, y es un poco utópico plantear que queremos todas las competencias. Es más realista pedir una policía que actúe en aquellas materias que son de la Junta. El intento de Obras Públicas de que hubiera una vigilancia de la policía autonómica de los delitos urbanísticos en la costa cuesta mucho trabajo cuando se tienen 200 policías para todo. Plantear futuribles inalcanzables no es un ejercicio práctico.