El Ayuntamiento propone rebajar la tarifa a quien gaste poca luz
El Gobierno negocia con las empresas un plan de ahorro energético
El Ayuntamiento está negociando con las empresas eléctricas que operan en Madrid un plan de ahorro para la ciudad que incluiría bonificaciones económicas para las industrias, familias y particulares que consuman poca electricidad, según explicó ayer la concejal de Medio Ambiente, Paz González. De llevarse a cabo esa medida, quienes gasten menos luz que la media se beneficiarán de una rebaja en la tarifa.
La decisión última no será del gobierno municipal, sino de las empresas de distribución eléctrica -Unión Fenosa e Iberdrola-, que son las que cobran el recibo y las que tienen que decidir, por tanto, si les conviene aplicar tarifas especiales a los vecinos más ahorradores. Pero, según Paz González, "en las primeras reuniones mantenidas los representantes de las eléctricas se han mostrado favorables a la iniciativa". "Se trata de incentivar el ahorro y proteger el medio ambiente, y eso es algo que, en último extremo, beneficia a todos", aseguró la concejal.
Un portavoz de Unión Fenosa confirmó a este periódico que a la empresa le conviene fomentar el ahorro eléctrico y que la propuesta de Medio Ambiente les parece, "en principio, interesante". En los últimos años, el exceso de consumo -sobre todo por la calefacción en invierno y el aire acondicionado en verano- ha provocado problemas graves con el suministro e, incluso, cortes fortuitos de luz en varias ciudades españolas.
La aplicación de tarifas especiales que premien el ahorro tiene un precedente en otro servicio básico: el agua. El Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad, ha ensayado este verano la medida, aunque a la inversa: los clientes que superaron un cierto nivel de consumo -considerado "derrochador" por la Comunidad- vieron crecer su tarifa en un 50%. La diferencia estriba en que los recibos del agua los cobra una empresa pública, el Canal, mientras que el criterio para establecer los recibos de la luz lo marcan las empresas privadas de distribución.
De ser aceptada la propuesta de Medio Ambiente -compartida también por la Concejalía de Economía-, no entrará en vigor antes del año próximo.
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