Una brigada de funcionarios 'patrullará' los parques y sancionará a los vándalos

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento pondrá en marcha "a lo largo del año próximo" una especie de brigada de funcionarios públicos, uniformados pero no armados, a los que investirá de autoridad para imponer sanciones y que patrullarán los cuatro grandes parques de la capital: la Casa de Campo, el Retiro, el parque del Oeste y la Dehesa de la Villa. Estos "agentes de parques", que se extenderán después al resto de zonas verdes urbanas y cuyo número aún no está determinado, vigilarán que los ciudadanos no maltraten los parques y denunciarán a quien infrinja las ordenanzas.

La creación de ese nuevo cuerpo de funcionarios fue anunciada ayer por la concejal de Medio Ambiente, Paz González, que presentó ante los medios de comunicación una batería de propuestas de su departamento, el 90% de las cuales no se pondrá en marcha hasta dentro de varios meses, "ya con el presupuesto de 2004". Los "agentes de parques" vigilarán el cumplimiento de las ordenanzas actuales y de otras que apruebe la nueva corporación, todas inspiradas, según González, en la búsqueda de la "sostenibilidad ambiental y la conservación del patrimonio verde". Eso incluye, por ejemplo, que no se podrá jugar al fútbol sobre la hierba, ni arrancar flores de los parterres, y que el que lo haga se expondrá a ser visto por un "agente" y sancionado.

"Ningún problema legal"

La labor de ese cuerpo de funcionarios públicos "complementará" la que ya realiza la Patrulla Verde de la Policía Municipal, que "no tiene un horario fijo, sino que se va desplazando, y que ahora se centrará en otro tipo de delitos más graves que también se cometen en los parques". A ellos se sumará otra figura nueva, la del "conservador del parque", que actuará de interlocutor entre el Ayuntamiento y los vecinos.

Según explicó un portavoz de la concejalía, no existe ningún problema legal para que esos "agentes de parques", que no son policías, impongan sanciones. "Según la Ley de Bases de Régimen Local, cualquier funcionario público puede ser investido, a través de una ordenanza, de la facultad de tramitar una sanción. Después, es la Policía Municipal la que ratifica la multa", aseguraron estas fuentes.

Entre las medidas avanzadas por Paz González está también la conversión en parques de 800 hectáreas de suelo público que ya están catalogadas como zona verde, pero que se encuentran abandonadas; la creación, antes de fin de año, de una brigada contra el ruido -también formada por funcionarios- que impondrá el "cierre cautelar" de los locales que incumplan el límite de decibelios permitido; y la constitución de un Consejo de Obras para racionalizar las obras que sufre la capital: el Ayuntamiento prohibirá a las empresas privadas abrir zanjas durante los cuatro años posteriores a la realización de una obra municipal en cualquier calle.