El gran error

La detención del presunto asesino de Sonia Carabantes -el británico Tony Alexander King, o Tony Bromwich, según ha revelado la prensa británica que es su verdadero nombre- ha tenido el efecto de acabar con la incertidumbre e infundir un poco de tranquilidad en una población fuertemente traumatizada por el crimen, en especial en la localidad malagueña de Coín, de donde era la víctima. Pero, al mismo tiempo, ha abierto un boquete tremendo en la credibilidad de la actuación policial y del sistema judicial con motivo de la investigación del asesinato de la joven Rocío Wanninkhof, cometido hace cuatro años en la localidad cercana de Mijas, y del que el presunto asesino de Sonia se ha confesado también autor.

La acusada de aquel crimen, la vecina y amiga de la familia de la víctima Dolores Vázquez, nunca admitió su culpabilidad, ni ante la policía, ni ante el juez instructor, ni ante el jurado que la condenó a 15 años de prisión. Pero eso es irrelevante en el proceso penal. Lo grave es que los indicios incriminatorios que condujeron a su detención policial y luego a su inculpación por el juez no eran tales indicios, ni eran pruebas las que provocaron el veredicto condenatorio del jurado en septiembre de 2001. Menos mal que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Tribunal Supremo pararon a tiempo el disparate al anular un juicio en el que ni el jurado que emitió el veredicto ni el juez profesional que redactó la sentencia argumentaron el porqué de la condena.

El proceso a Dolores Vázquez comienza a configurarse como un acto de venganza social, de la que han sido cómplices tanto la justicia como una policía fuertemente presionada para encontrar un culpable, y a la que han contribuido también determinados tratamientos informativos. Una apreciación social tan equivocada y un error judicial tan tremendo no se remedian sólo con la reparación -moral y material- a la que está obligado el Estado o con el sobreseimiento de la causa anunciado por el ministerio fiscal. Exige acabar con mensajes, lanzados muchas veces desde los poderes públicos, que hacen creer a la población que alguien es culpable simplemente porque la policía lo detiene y no porque un tribunal así lo establezca en un juicio con garantías.

King se ha confesado autor de los asesinatos de Sonia Carabantes y Rocío Wanninkhof ante la policía y el juez instructor, que lo ha enviado a prisión. Pero tampoco esa autoinculpación basta por sí sola para considerarle culpable ni ahorra al juez comprobarla y ver si es o no cierta. La prueba de ADN, obtenida de una prenda íntima en un registro de su domicilio con autorización judicial, y la veracidad ya comprobada de algunos extremos de su confesión apuntan a que en esta ocasión la policía y la justicia van bien encaminadas. Pero lo sucedido con Dolores Vázquez aconseja no adelantar tampoco el juicio social y mediático sobre el definitivo de los tribunales.