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La Constitución de un tiempo inmemorial

Cuando diciembre acabe el año, la Constitución cumplirá 25, cifra redonda que pone a prueba su fuerza simbólica.

El franquismo tuvo gran interés en celebrar sus primeros 25 años, y organizó una descomunal campaña publicitaria. P. Aguilar la ha contado en Memoria y olvido de la Guerra Civil española, anotando a pie de página que su organizador (Fraga Iribarne, ministro de Franco, luego ponente constitucional y fundador del partido que hoy gobierna con mayoría absoluta) se olvidó de ella en sus memorias.

El origen de aquel régimen fue una sublevación militar que abrió una guerra bendecida como Cruzada. El lema elegido fue "25 años de paz", aunque la mayor parte de éstos -si no la totalidad- lo habían sido de una posguerra cruel sembrada por la dictadura con semillas de odio que en la transición no fructificaron.

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Aquel lema publicitario persiguió sin éxito un doble objetivo: legitimador (Franco hacedor de paz) y coactivo (¡ay de quien se meta en política!). No ganó legitimidad, aunque despolitizó a capas sociales, acomodaticias, propensas a dar al olvido de dónde veníamos, a no interrogarse hacia dónde íbamos y, en consecuencia, a dejarse llevar. En cambio apareció una nueva generación antifascista que pensó no ya en resistir, sino en derrocar al régimen, y que creyó en la política, quizá incluso más de lo debido.

Al cumplirse los 25 años del reinado de Juan Carlos, se presentó ese periodo como un continuum, estableciendo un paralelismo entre su Monarquía y la democracia, a pesar de que su origen era ilegítimo incluso para un monárquico simplemente legitimista; su compatibilización con la democracia exigía una solución de continuidad que pudo expresarse en la Constitución. Así, tal origen pudo ser dado al olvido, al tiempo que se silenciaba la historia de la lucha por la democracia ahogada por la narración del Rey como su motor.

No se necesitó una específica campaña publicitaria para lograr el objetivo: durante 25 años se venía propagando como símbolo esa idea identificatoria entre democracia y Monarquía.

Rememorar la Constitución con afán democratizador no será fácil.

Por una parte, el pueblo español -protagonista obligado- ya no es el mismo que era; tampoco lo son los partidos que expresaron entonces su voluntad política, y los que se mantienen han experimentado cortes generacionales que revelan fallas en su propia memoria, lesivas para el propósito.

Por otra, la Constitución como acto fundacional de la democracia quedó diluida por múltiples factores: a) La ocupación de ese papel, en el imaginario colectivo fabricado, por la proclamación monárquica; b) la importancia de algunos hechos iniciativos en la consecución de la democracia, entre ellos la legalización del PCE, la celebración y resultados de las elecciones de 1977, el golpe del 23-F y las posteriores manifestaciones masivas de apoyo a la Constitución, que la hicieron "nacer de nuevo"; c) su especial proceso constituyente, al que le faltó "rapidez, concentración y publicidad", según advirtió Tomás y Valiente, que previó su mal comienzo: "La Constitución se promulgará entre la indiferencia de la mayoría y el entusiasmo de nadie..." (O. C., tomo VI, página 5.249).

El referéndum constitucional poco pudo hacer para solemnizar la unidad de cuantos la aceptaron: primero, que el único principio de legitimidad en que podía basarse el Estado y la convivencia entre españoles de todas las nacionalidades e ideologías era el principio democrático, "derogando" el franquismo; segundo, que la violencia quedaba desterrada como vía para resolver los conflictos políticos, precisamente la única mediante la cual los franquistas contumaces podían intentar hundir el proceso constituyente o la Constitución, en colaboración objetiva con el terrorismo etarra.

¿Sucedió así porque hubo entonces un "pacto del olvido"? Las contrarias respuestas son más contundentes que claro el contenido del debate. Lo cierto es que se transitó a un nuevo régimen como si el anterior no hubiera existido, y como si los franquistas contumaces hubieran renunciado a imponer su voluntad por la provocación y la fuerza. Así lo demuestra el carácter sorpresivo que tuvo el golpe del 23-F para el Gobierno de UCD, para el Congreso asaltado y para el desinformado pueblo. La justificación de aquella actitud había sido "no despertar al león", aunque éste rugía estentóreamente, y no sólo en sus cuarteles.

La concordia de la Constitución parecía no tener entrañas.

En el plano de la formación de la cultura política de los españoles aquel modo de actuar rompía el enlace objetivo del principio democrático albergado en la Constitución con su tradición española, cuyo antecedente más inmediato era la Segunda República, proclamada también pacíficamente.

Esa ruptura implicaba obviar la importancia de reparación moral a las víctimas del franquismo; y desmerecía la influencia de la lucha contra el régimen (y sus intentos de reforma) en la consecución de las libertades, echando en el otro lado de la balanza la mitificación de todas las intrigas y su maná.

El ascenso del PSOE al Gobierno en 1982 no produjo alteración significativa en el modo en que se enlazaba pasado, presente y futuro en la incipiente cultura política democrática de los españoles de aquel tiempo; hubo un trascendental cambio en la opinión pública manifestado en los 10 millones de votos y en el hundimiento de UCD en provecho del partido de Fraga. Más bien se acentuó la línea de la primacía del olvido respecto al enlace con la tradición democrática española: lo más importante era, al parecer, que con la Monarquía gobernaban los socialistas, y no que gobiernan aquellos a quienes el pueblo soberano da la mayoría, mientras que el PP reconciliaba a su electorado con su pasado.

En 1978, Monarquía, Constitución y Democracia confluyeron positivamente, aunque cada una tenía su propia historia y su propio futuro.

La Constitución a conmemorar fue el resultado de la transición, cuya historia someten ahora a revisión los historiadores. La versión rosa, la más publicitada, la que fue convertida en "historia oficial", disminuyó al máximo el protagonismo de la acción y de la voluntad popular, precisamente el factor más explicativo de los cambios de criterio de los protagonistas con renombre, y sin el cual no es posible comprender la historia de nuestra democracia ni asegurar su futuro.

Probablemente esa revisión, que se hará presente este diciembre, implique abrir una "guerra de la historia" (recuerden la contienda por el juicio que hizo F. González sobre Suárez y la Constitución), y quizá descubramos que los españoles de hoy, que guardan aún en sus baúles recuerdos de aquel tiempo, tenemos "una historia y dos memorias". No sólo desde la izquierda, sino también desde la derecha se piensa que nuestra memoria colectiva es hemipléjica: ¿por qué habría de asustarnos tal descubrimiento si, al intentar fraguarla en debate público, hoy no se van a "echar los sables en la balanza" para resolver la controversia?

"Aunque el pasado no cambia la historia debe escribirse de nuevo en cada generación para que el pasado siga siendo inteligible en un presente cambiante", escribió P. Burke.

Nuestro pasado reciente está lleno de paradojas que necesitan ser explicadas y comprendidas para que resulte inteligible a nuevas generaciones. La Constitución necesita nuevo aliento democrático -si fuera preciso, escribiendo de nuevo en ella-, pues su mérito no estará ya, como antes estuvo, sólo en durar: el tiempo no es alquimia que transforme la hojalata en plata.

José Sanroma es abogado

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 21 de septiembre de 2003.

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