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Reportaje:

Las lecciones de Eurobank

El caso pone de manifiesto los límites legales del Banco de España para evitar los fraudes

Íñigo de Barrón

La crisis de Eurobank ha demostrado que el Banco de España tiene unas armas legales limitadas para frenar a los gestores cuando inician una huida hacia adelante y se saltan las normas.

El supervisor va detrás del infractor y por eso se ha cuestionado la efectividad del Banco de España en la crisis de esta pequeña entidad."No lo podemos ocultar. Nuestra moral no está en sus momentos más altos", confiesa un inspector del Banco de España. La crisis de Eurobank del Mediterráneo ha demostrado que una pequeña entidad que representa el 0,018% de los activos del sistema financiero español -tiene 241 millones de balance frente a 1,30 billones de euros que suman el conjunto de las entidades- puede provocar que el principal partido de la oposición pida la dimisión del gobernador, Jaime Caruana.

La Ley de Disciplina e Intervención y por la Ley de Autonomía del Banco de España obliga a la institución a velar por la solvencia de las entidades para proporcionar estabilidad al sistema financiero. Además, tiene que defender -que no garantizar, porque eso corresponde al Fondo de Garantía de Depósitos- los ahorros de los clientes y, en conclusión, evitar una crisis del sistema.

Para estas misiones, el Banco de España cuenta con el cuerpo de inspectores. Bajo su control están 361 entidades de crédito: los bancos nacionales (61), los extranjeros que operan en España (83), las cajas de ahorro (47), las cooperativas de crédito (87) y los establecimientos financieros de crédito, que son 83 en total. Además, también están bajo su vigilancia las 69 tasadoras, así como las sociedades de garantía recíproca. El cuerpo de inspectores y el de funcionarios de la división de regulación suman un total de 530 personas.También existe un número importante de inspectores adscritos a los Gobiernos autonómicos.

¿Y todos estos medios no pueden evitar que quiebre un pequeño banco? Es una de las preguntas más frecuentes desde el estallido del escándalo de Eurobank. La respuesta del gobernador en el Congreso de los Diputados fue que el Banco de España hace cumplir la ley, pero no puede evitar la mala gestión de los responsables de un banco. Es decir, si alguien quiere llevar su banco o caja al precipicio, el supervisor no lo podrá evitar "porque nosotros no gestionamos entidades financieras. En nuestra mano está obligarles a cumplir estrictamente la ley, lo que supone que actuamos a posteriori. Para que les exijamos que corrijan una actuación, primero deben hacerla. No podemos actuar con la presunción de que van a cometer una falta o un delito si antes no lo hacen. Así funciona nuestro sistema legal".

En el caso de Eurobank, el Banco de España intervino cuando la entidad había estado más de seis meses con un nivel de recuros propios inferior al legal (el artículo 4, letra B de la Ley de Disciplina) y después de comprobar que el dinero captado de los clientes en el primer semestre de 2003 acababa en activos de las mutuas del entorno de Eduardo Pascual. Este argumento ha sonado a excusa a los 7.500 inversores afectados por esta crisis.

Una de las críticas más duras que ha recibido esta institución se basa en un escrito de marzo de 1999, en el que el Banco de España se hacía eco de un informe de los auditores de Eurobank, que afirmaban que "la estrategia de negocio" y "las contingencias fiscales que se derivan de él (...) hacen inviable el futuro del banco y que éste carece de recursos propios suficientes y de negocio bancario adicional para permitirle tener una viabilidad económica a medio y largo plazo".

Para el PSOE, esta situación justificaba la intervención inmediata, como recoge el artículo 31, apartado 1 de la Ley de Disciplina. Pero el supervisor no actuó hasta julio pasado, es decir, cuatro años y medio después de ese escrito. Para el Banco de España no había razones para intervenir porque la entidad corrigió todas las exigencias planteadas "y ya no había cuerpo del delito". Eso sí, a partir de 2002 se exigió a Eurobank que mantuviera altos niveles de liquidez, que ahora han paliado en parte la crisis. Sin embargo, la entidad presidida por Pascual continuó bajo inspección hasta diciembre de 2002. Ese mes se detectaron graves actuaciones y, en seis meses, la entidad catalana recibe tres expedientes disciplinarios y un acta de intervención.

Ante las críticas de quienes cuestionan al supervisor, ejecutivos financieros con gran experiencia, apuntan que "la labor del Banco de España es muy eficaz cuando la entidad supervisada atiende sus sugerencias con diligencia, es decir, sin esperar todos los trámites. Eso ocurre con la inmensa mayoría de las entidades porque están interesadas en mantener una buena relación con el supervisor".

Sin embargo, estas fuentes añaden que si los gestores se enfrentan al regulador y recurren legalmente todas las decisiones, "no hay nada que hacer. Pueden llevar a la entidad a la quiebra sin que se pueda evitar. Es como si un cojo (el Banco de España) quisiera alcanzar a una moto (el infractor)". El supervisor admite estas desventajas "propias de un Estado de derecho y garantista para los ciudadanos". Como ejemplo de la actitud que tuvo Eurobank con las exigencias del Banco de España, cabe señalar que las faltas graves detectadas a mediados de 1999 no pudieron hacerse públicas hasta noviembre de 2002 por todos los recursos interpuestos por Pascual. Es decir, que los avisos del Banco de España llegaron tarde al público y cuando ya estaban atrapados miles de inversores. ¿Por qué no se dieron a conocer estas irregularidades de una manera más útil, como a través de la página web del ente emisor, un método similar al utilizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)? Sencillamente, porque la ley sólo especifica que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), un medio de escasa difusión pública entre los pequeños inversores. El banco central sostiene que si utiliza otros medios distintos del BOE podría ser acusado de violar la confidencialidad de la entidad bajo investigación.

Caruana planteó este dilema sin tapujos ante los diputados el miércoles pasado: "Si quieren que se pueda intervenir con menos exigencias, cambien la regulación". Pero amenazó: "En ese caso, es posible que tenga que venir aquí en muchas ocasiones". Algo seguro de este escándalo es que no acabará con el prestigio de los inspectores, al menos en los ejecutivos financieros. Entre ellos existe un consenso sobre la cualificación de este cuerpo del Banco de España, algo que no sucede si se habla de otros organismos reguladores.

En opinión de estos expertos, el trabajo del Banco de España durante décadas ha permitido que el sistema bancario español tenga un reconocimiento internacional en tres aspectos clave: la solvencia, situada en el 12,5% de ratio BIS (uno de los más altos de Europa); la rentabilidad sobre fondos propios (ROE), que es del 11,4%, con tipos de interés al 2%, y la eficiencia (que mide lo que gasta en relación a sus ingresos) fijada en el 58,5% al cierre de 2002.

Sin embargo, desde una gran caja de ahorros se apunta una lección del caso Eurobank. "La supervisión de las 10 grandes entidades es constante, casi enfermiza, porque agrupan el 56,5% del sistema. El Banco de España tiene una obsesión: que no vuelva a ocurrir algo parecido a la crisis de Banesto en 1993". Fuera de este férreo control, explican, quedan las pequeñas entidades, que han demosrado ser escurridizas y capaces de organizar escandalosas crisis.

Un caso único en las crisis bancarias

Eurobank tiene el dudoso honor de pasar a la historia como el primer banco intervenido en España a través del artículo 8º, letra C, del Real Decreto de creación del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), de 1996. Este apartado dice que se puede intervenir "por cesación de pagos de facto", es decir, echar la persiana.

Hasta ahora, todas las entidades han quedado bajo el amparo del FGD bajo el epígrafe B, que exige que haya sido admitida la suspensión de pagos del banco. Éste no fue el caso de Eurobank, que acudió al juzgado el pasado 14 de agosto, pero no consiguió la suspensión por no presentar la cuenta de resultados y el balance. Después de que los juristas del Fondo habían preparado los numerosos trámites para la intervención, a la espera de que llegara la suspensión, todo se vino abajo.

Se creó una situación muy tensa. No había suspensión, luego no podía haber intervención del Fondo, pero la crisis estaba a punto de estallar. Eduardo Pascual, presidente de Eurobank, decidió cerrar a cal y canto sus cuatro oficinas. Este movimiento permitió maniobrar al Banco de España, que el 20 de agosto ordenó al Fondo que interviniera bajo el artículo 8, letra C. De nuevo se preparó toda la documentación, se reunió otra vez al consejo del Fondo y se aprobó. La suspensión llegó el 26 de agosto, pero ya no era necesaria.

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Sobre la firma

Íñigo de Barrón
Es corresponsal financiero de EL PAÍS y lleva casi dos décadas cubriendo la evolución del sistema bancario y las crisis que lo han transformado. Es autor de El hundimiento de la banca y en su cuenta de Twitter afirma que "saber de economía hace más fuertes a los ciudadanos". Antes trabajó en Expansión, Actualidad Económica, Europa Press y Deia.

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