El alcalde asegura que envió a la Policía Local, pero la empresa no le hizo caso y siguió trabajando

El alcalde de La Vila Joiosa, el popular José Miguel Llorca, admitió ayer que el Ayuntamiento tenía "constancia" de que las obras del Atrium Beach continuaban pese a la orden de paralización incoada por su departamento de Urbanismo. "Enviamos a la Policía Local al edificio, en cinco o seis ocasiones, pero desobedecían una y otra vez la orden de paralización", recalcó.

Llorca no sólo rechazó cualquier responsabilidad en este suceso sino que, además, la derivó a los trabajadores que han continuado con su actividad en el inmueble. "Estaban advertidos. Si seguían trabajando deberían de tener más control". Y abundó: "[los operarios] saben que la obra tiene una orden de paralización".

Cuestionado por la competencia del Consistorio sobre paralización de obras que incumplen la legislación urbanística, Llorca respondió: "Tenemos poca potestad para actuar. No íbamos a mandar al Ejército". Este extremo fue rechazado por los sindicatos, que

sostienen que los consistorios tienen resortes para detener las actuaciones ilegales. Tras el suceso, el segundo ocurrido en seis días,José Miguel Llorca se comprometió a paralizar "de forma definitiva" la obra.

Sin embargo, Llorca tiene experiencia en expedientes de paralización de obras, en concreto de hoteles. El alcalde sí fue expeditivo -incluso ordenó la demolición de un hotel- por defectos similares a los del Atrium Beach. Incluso votó en contra de una propuesta de los socialistas de La Vila para que sólo se derribara la parte del inmueble que excedía la volumetría aprobada en el proyecto.

La licencia, aprobada en comisión de gobierno en 1999, cuenta con una orden de detención inmediata después de que la autoridad laboral detectara que el edificio supera la altura de edificabilidad permitida.

Fuentes municipales aseguran que el alcalde llegó a enviar a la Guardia Civil para parar las obras que promovía la empresa Elbim, SL, en la Avenida del Puerto.

La propuesta de demolición, del año pasado, la argumentó el gobierno local en base a que las obras se ejecutaron sin ajustarse al proyecto de ejecución que en su día obtuvo licencia (11 de marzo de 1998).

Por su parte, el fiscal de delitos laborales, Miguel Gutiérrez, explicó que una orden de paralización no implica que la obra incumpla las medidas de prevención y riesgos laborales, por lo que, en ese caso, carece de punibilidad. La construcción de un edificio puede ser paralizada por no ajustarse a la legalidad urbanística del municipio.

Fuentes sindicales informaron de que la Inspección de Trabajo no ha emitido ninguna orden de paralización a raíz del primer accidente en el Atrium Beach, el 11 de septiembre, que se saldó con un muerto y dos heridos. Ese día, el juez instructor ordenó la presencia de la Inspección de Trabajo para verificar si el edificio cumplía las normas de seguridad en el trabajo. Sin embargo, UGT apuntó que el inspector sólo supervisó el tajo donde se registró el siniestro, sin observar si el resto de la edificación se ajustaba a ley. Por este motivo, UGT y CC OO reclaman la paralización cautelar de los trabajos "hasta que se verifiquen todos los sistemas de seguridad".