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El fiscal pide 7 años a un funcionario por cobrar permisos a inmigrantes

Amadeo Salanova, de 38 años, funcionario en la Delegación de Gobierno de Valencia en el negociado de Extranjería hasta 2002, prestó ayer declaración ante el tribunal que le juzgará por dos supuestos delitos: falsedad en documentos oficiales y cohecho, por los que el fiscal solicita siete años de cárcel y más de 18.000 euros de indemnización a los inmigrantes perjudicados.

Junto a Salanova prestó también declaración en la sección segunda de la Audiencia de Valencia Concepción Calatayud, de 62 años, empleada de la compañía de seguros Aegon y considerada por el fiscal como cooperadora necesaria en la falsedad de documento público y en el cohecho. Los hechos que han dado origen a la causa ocurrieron en 2001, prácticamente desde enero hasta el 31 de julio de aquel año. Según consta en la calificación del fiscal, "ambos se ofrecieron a los extranjeros para la tramitación de los permisos de trabajo y residencia con el fin de evitar que siguieran el procedimiento habitual en la Delegación de Gobierno que usualmente y a diario llevaba largas esperas y alterar así el orden establecido en las tramitaciones a cambio de un precio que les exigían". Salanova estaba precisamente en la unidad que tramitaba los expedientes. Calatayud le conocía porque habitualmente llevaba solicitudes de extranjeros con los que contactaba para hacerles una póliza de seguro médico. Según el testimonio de algunas de las personas que ayer prestaron declaración, Calatayud se comprometía a tramitar los permisos a cambio de un dinero haciendo saber a los interesados que un funcionario, Amadeo Salanova, les facilitaría la concesión.

Salanova negó las acusaciones en su declaración, aunque no pudo explicar, por ejemplo, que en su casa se encontraran varios expedientes y un dietario en el que constaba una relación de nombres y a su lado unas cifras. Calatayud repitió el esquema, sólo admitió conocer al funcionario, verle habitualmente, entregarle expedientes pero no cobrar dinero por ello.

Pero los primeros testimonios desmontaron la versión de los acusados. La primera testigo que declaró ayer era compañera en Aegon de la acusada. Afirmó haber visto en la oficina expedientes de tramitación de residencia y permiso de trabajo -que incluso que en ocasiones ayudaban a cumplimentar otras compañeras- y que a veces había visto también expedientes en blanco con el sello oficial ya puesto. Ella, que necesitaba regularizar su situación, lo hizo a través de Calatayud, a la que pagó un total de 240 euros. También lo hicieron tres amigas suyas. Pasado un año, y resguardo en mano, acudieron a la Delegación para preguntar por su expediente. Según ellas, les contestaron: "No están ni en tramitados ni en pendientes". Tras explicar cómo habían obtenido el resguardo, les recomendaron que denunciaran. Fue entonces cuando se descubrió un posible fraude. El fiscal pide, además de los siete años de cárcel, una indemnización de más de 18.000 euros, que en su mayoría deberían abonar solidariamente a mas de doce perjudicados.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 17 de septiembre de 2003