La fiscalía denuncia al Consorcio de Turismo por un polémico contrato

La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha presentado una denuncia en el juzgado de guardia de Barcelona contra la dirección del Consorcio de Turismo de la Generalitat, tras admitir el escrito presentado por CC OO ante el ministerio público el pasado julio. El sindicato consideró entonces que había indicios de supuestos delitos de prevaricación y falsedad documental en la modificación del contrato de trabajo del subdirector de este organismo adscrito al Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo.

Los dirigentes de CC OO Josep Manuel Cuenca y Quim Dodero acudieron el pasado mes de julio a la fiscalía y aportaron abundante documentación en la que supuestamente se constataba que el Consorcio de Turismo había cambiado la modalidad del contrato de Alfons Rossell, que, tras incorporarse al consorcio como subdirector general en el año 2000 con un contrato de alta dirección -equivalente a un cargo de confianza-, pasó a tener, en febrero de 2003, un contrato laboral indefinido.

CC OO denunció que este cambio se había producido sin que Rossell superara previamente una prueba o concurso público, que debe convocarse para acceder a un puesto de trabajo en la administración pública, como establece el convenio del personal laboral de la Generalitat.

Los representantes sindicales consideran que esta modificación de estatus laboral tenía por objeto "blindar" a Rossell ante la próxima disolución del Consorcio de Turismo -que será sustituido por la Agencia Cataluña Turismo a raíz de las supuestas irregularidades descubiertas en el organismo- o ante "la eventualidad de un cambio político fruto de las elecciones autonómicas".

Con este cambio de modalidad contractual, el subdirector general del Consorcio de Turismo tiene asegurada la continuidad en el organismo, según CC OO, puesto que el proyecto de ley de la Agencia Cataluña Turismo prevé mantener a todo el personal laboral una vez se haya disuelto el consorcio.

En la misma línea, el convenio laboral firmado el pasado mes de mayo entre la dirección del consorcio y los delegados sindicales, de UGT, incluye una cláusula que también garantiza la continuidad de todos los trabajadores sujetos a este convenio si durante su vigencia -hasta el 31 de diciembre de 2006- se produce "por reestructuración administrativa algún cambio en la dependencia de los actuales centros de trabajo o la creación de un nuevo ente con personalidad jurídica propia". El contrato de alta dirección, en cambio, debe ponerse a disposición del Ejecutivo en el caso de que se produzca un cambio de gobierno.

Fuentes del Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo reconocieron ayer a este diario que se había producido este cambio de contrato, pero matizaron que la modificación se había llevado a cabo hace dos años y a instancias de informes jurídicos que recomendaban que el cargo de subdirector general debía constar como personal laboral y no de alta dirección. Las mismas fuentes admitieron que no se realizaron concursos ni pruebas para efectuar la conversión, pero aseguraron que Rossell ya se había sometido a un "proceso selectivo" cuando entró a formar parte del Consorcio de Turismo en el año 2000.

Contrariamente a los argumentos defendidos por CC OO, las fuentes de Turismo sostienen que el cambio de contrato no tiene por objetivo "blindar" a Rossell. En todo caso, aseguran, el supuesto blindaje se producía anteriormente, cuando disponía de un contrato de alta dirección, pues si el subdirector hubiera sido despedido de forma procedente, habría tenido derecho a una indemnización de la que no goza el personal laboral.

Los representantes sindicales de CC OO que denunciaron a la dirección del Consorcio de Turismo volvieron a reclamar ayer la negociación de un convenio marco para todos los trabajadores de consorcios, agencias y otros entes que dependen del Gobierno catalán a fin de unificar los criterios de selección del personal y regular la figura del personal directivo de estos entes.

La denuncia de la fiscalía fue acogida con satisfacción por ICV, que, por vía parlamentaria, había requerido al consejero de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, Antoni Fernández Teixidó, la documentación relacionada con el contrato de Rossell. Teixidó había alegado "razones de protección de datos" para negarse a desvelar esa información.