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Reportaje:

El presidente de Wall Street, bajo sospecha

La SEC ha abierto una investigación a Richard Grasso por el cobro de una prima salarial de 190 millones de dólares

Mientras las empresas que cotizan en Wall Street y los accionistas perdían miles de millones de dólares, Richard Dick Grasso, presidente de la bolsa de Nueva York (NYSE), se estaba haciendo multimillonario. La revelación de su paquete de compensación salarial, de casi 190 millones de dólares, forzada por las presiones de la Securities & Exchange Comission (SEC) ha abierto una crisis de gobernabilidad en la institución, sin precedentes en su historia reciente.

Las tribulaciones para el hombre que durante años se ha jactado de ser el líder del capitalismo no han hecho más que empezar, pero él ha mostrado su habitual rostro impertérrito. Este fin de semana un grupo de corredores ha empezado a circular una petición de firmas para solicitar su dimisión y Grasso ha reiterado que no lo piensa hacer, respaldado por la extensión de su contrato que ha aprobado el consejo de administración de NYSE. "Espero que vengan a mi despedida el 31 de mayo del 2007", dijo a un grupo de periodistas tras anunciar que estaba dispuesto a renunciar a 48 millones, con el fin de aplacar la tormenta.

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No lo ha logrado. El gesto de desprenderse de un pedazo de fortuna ni ha restablecido su credibilidad ni la del consejo de administración de la bolsa. La prensa lo ha tildado incluso de "pago clandestino". La estratosférica cifra de su paquete salarial de retiro, superior a la de la mayoría de los presidentes de consejos de administración de las grandes corporaciones norteamericanas, ha suscitado numerosas preguntas, pero la controversia se centra ahora en el potencial conflicto de intereses entre la función de Grasso como regulador de las propias empresas que le pagan y su vertiente puramente ejecutiva del NYSE.

La SEC podría despojarle de la función reguladora. De momento estudia una propuesta para que se separen ambas funciones, a petición de la Alianza de Corredores de Bolsa, que representa a 800 corredores. La Alianza ha dirigido una carta al presidente de la SEC, William Donaldson, predecesor de Grasso en el cargo, en la que critican duramente a la cúpula directiva del NYSE por "haberse embarcado en una serie de decisiones que lo único que muestran es un desprecio por los inversores y por la prestigiosa historia de esta institución bicentenaria y los principios que representa".

Donaldson, que cobraba 1,5 millones de dólares cuando él era presidente del NYSE, indaga además de qué partida presupuestaria ha salido el exuberante salario y si ha afectado a las ganancias de la bolsa, que fueron de 30 millones de dólares en 2001 y de 28 millones el año pasado. Quiere saber también cómo se realizó la selección de los miembros de la junta de administración y si alguno de ellos mantiene conexiones financieras con Grasso.

Grasso, de 57 años, insiste en que su salario debe ser comparable al de otros presidentes, no al de funcionarios reguladores, como Alan Greenspan (171.900 dólares al año) o el propio Donaldson del SEC (142.500 dólares). Pero a diferencia de los directivos de empresas de servicios financieros cuyos honorarios se fijan en base a los resultados de beneficios, Grasso sostiene que el suyo no tiene que calcularse así. "Mi función no es maximizar las ganancias del NYSE, sino el valor de las inversiones. Y a la vista está lo que he logrado, 140 nuevas firmas registradas en el 2001".

Hay una diferencia adicional entre el paquete salarial de Grasso y los de otros altos ejecutivos como Sandford Weill, de Citigroup, (39,5 millones) o Stan O'Neal, de Merrill Lynch, (15,3 millones), y es que éstos reciben parte de su compensación en acciones, mientras que la de Grasso es integramente en efectivo. En 2001, por ejemplo, le pagaron un bono de cinco millones por haber reabierto la bolsa seis días después de los atentados del 11-S. La bolsa corre además con los gastos de sus numerosas afiliaciones a clubs, los de su traslado en avión privado y la seguridad personal de su familia.

Otro aspecto que ha enfurecido a los operadores es la cuota que Grasso impuso hace tres años de 11.000 dólares mensuales a los clientes, supuestamente destinada a las labores de regulación y a la renovacion tecnológica. Muchos sospechan que haya servido también para financiar sus honorarios.

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