"La Junta es culpable del desmadre urbanístico en la costa"

Acaba de dejar el escaño de diputado autonómico del PP, que ha ocupado durante 13 años, por incompatibilidad con su nuevo trabajo al frente de la delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, del que es concejal tras las elecciones de mayo. Este ingeniero técnico industrial, que cumplirá en diciembre 60 años, culpa a la Junta del "desmadre urbanístico de la costa", elogia los presupuestos de la consejera Magdalena Álvarez, pero critica su política sobre las cajas, y sugiere que habría que subir el precio cerrado de las viviendas de protección oficial.

Pregunta. Cuando llegó al Parlamento en 1990 fue portavoz popular en la comisión de Obras Públicas y Urbanismo, un anticipo de su responsabilidad actual...

"La decisión de hacer o no un nuevo PGOU en Málaga se tomará en octubre"

"Subiría el precio de las viviendas de protección oficial para que se hagan más"

Respuesta. En aquella legislatura se aprobó una Ley importante que tiene que ver con algo que ahora anda en los periódicos todos los días. Me refiero al desmadre urbanístico de la costa. En 1994, de la mano del entonces consejero Juan López Martos se aprobó por unanimidad de todos los grupos la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía. Pero el instrumento de aplicación, que era un plan de ordenación del territorio, nunca llegó a desarrollarse. Ese plan tendría que haberse ocupado del equilibrio territorial y resolver el sistema de comunicaciones, grandes equipamientos, protección de espacios públicos, zonas de especial interés...

P. Está insinuando que la Junta es responsable de ese "desmadre urbanístico".

R. Claramente culpable. La Junta tiene una responsabilidad notoria; no como actor, sino por la ausencia de vigilancia. Las veinte o treinta mil viviendas ilegales de Marbella no se hacen en dos años.

P. Pero ahora se ha hecho la Ley del Suelo.

R. Demasiado tarde. Cuando se han producido daños irreparables.

P. ¿Cree que los tribunales están dando la talla en la lucha contra las irregularidades urbanísticas?

R. En primera instancia, es una materia relativamente nueva y falta doctrina. En otros casos, uno se queda absorto. Por ejemplo con la sentencia del tribunal superior de una comunidad autónoma que establece que el dinero que los ayuntamientos obtienen por venta de suelo tienen que dedicarlo a compra de suelo. Esa sentencia ha tenido las más diversas interpretaciones. Hay jueces que en casos absolutamente iguales han adoptado soluciones distintas. Uno de los lados positivos de la nueva Ley del Suelo andaluza es que establece criterios definidos que pueden ayudar a los jueces.

P. ¿Por qué al PP le cuesta tanto llegar a compromisos con el Gobierno andaluz?

R. No conozco ningún pacto ofrecido en estos años por el presidente Chaves que no fuese más allá del propio pacto en sí. Por ejemplo, la célebre discusión sobre si es necesario o no cambiar el Estatuto de Andalucía... Esa oferta, por la época en la que se hace, en vísperas de unas elecciones, parece que no encierra sino el interés de desviar la atención hacia temas que no son las preocupaciones diarias de los ciudadanos.

P. En ocasiones usted no ha escatimado elogios a sus adversarios. Por ejemplo, en Presupuestos, donde ha sido portavoz popular desde 1996.

R. Hay dos etapas claras en el tiempo que he pasado en el Parlamento. De 1990 a 1994, los presupuestos eran competencia de Jaime Montaner y no pasaban de ser un mero formulismo legal. La deuda y el déficit estaban disparados, en los objetivos ni siquiera había elementos de cuantificación para que a final de ejercicio se pudiera controlar. Se produjo un cambio radical con la llegada de la señora Álvarez, que prepara el presupuesto de 1995. Empieza a poner en orden la deuda y a controlar el gasto. Y cambia sustancialmente tanto la formulación del presupuesto como las posibilidades de seguimiento. En el bienio 1994-96 se creó la oficina de control presupuestario dependiente del Parlamento de Andalucía a la que mensualmente la Consejería de Hacienda está obligada a suministrar datos acerca de la marcha del presupuesto.

P. ¿Le pone sobresaliente a la consejera?

R. No, por el fracaso de su política económica y por su falta de capacidad al gestionar la cuestión de las cajas de ahorro.

P. Ahora llega a la política local como responsable en una gran ciudad del Urbanismo, utilizado por muchos ayuntamientos como una máquina suplementaria de hacer dinero...

R. Eso hay que cambiarlo. La Ley de Haciendas Locales ha quedado completamente desfasada. Hay que transferir competencias y medios de las comunidades autónomas a los ayuntamientos. También alguna del Gobierno de la Nación.

P. Si no, los ayuntamientos se convierten en los primeros especuladores. ¿Cómo se abarata el precio de las viviendas?

R. Las posibilidades de abaratar las viviendas exigen algo más que nuevas normas urbanísticas. Habría que revisar la política fiscal relacionada con el suelo.

P. ¿En qué sentido?

R. Un suelo ahora se está valorando por las expectativas urbanísticas que tiene y no por su valor intrínseco. El precio está desorbitado por lo que va a valer en el futuro, pero deberíamos tener normas que impidieran mantener un terreno sin desarrollar una promoción. Hay que idear fórmulas como los límites de velocidad en las carreteras.

P. ¿Está planteando limitar el precio de las viviendas?

R. Eso no se puede hacer en una economía de mercado. Con las de protección oficial hay un límite y yo lo subiría hasta un precio menor que el de las libres, pero suficiente para que se hagan más, porque los empresarios privados se animen a hacerlas. Las instituciones públicas solas no pueden hacer todas las viviendas que se necesitan. Si la economía sigue marchando bien, los tipos de interés se mantienen bajos y continúa una fuerte demanda, los precios seguirán subiendo.

P. ¿Y si los ayuntamientos ponen el suelo gratis?

R. Conozco casos de ayuntamientos, como Roquetas, que han dado suelo municipal a la Empresa Pública de Andalucía para construir viviendas de protección oficial y los pisos han salido al mercado al mismo precio que los hechos por promotores privados que han tenido que comprar el terreno.

P. ¿No es arriesgado que la economía regional dependa tanto de la construcción, que ya supera el 10% del PIB, y está por encima de la industria?

R. No es deseable. Es difícil mantener un sector de servicios potente, si no hay un sector secundario completo. No sólo la construcción, también la industria. En Málaga tenemos un ejemplo de fortalecimiento del tejido industrial en el Parque Tecnológico, que se ha llevado muy bien, y es un ejemplo en España: industria no contaminante, productora y consumidora de servicios y con un futuro alentador, basado en la investigación y las nuevas tecnologías.

P. ¿Málaga va a hacer un nuevo PGOU?

R. Hay que adaptar el plan a la nueva Ley del Suelo antes de 1996. Caben tres posibilidades: fijar el límite del suelo urbano; adaptar las ordenanzas y el concepto del plan, o la modificación del PGOU. Es una decisión que tomaremos en octubre.

P. ¿Cómo va a cambiar la fisonomía de Málaga?

R. Si decidimos modificar el plan, tenemos que pensar en cómo queremos que sea la ciudad dentro de 20 años. En mi opinión debe aumentar la superficie verde de Málaga, tenemos que tratar con mucho cuidado el poco espacio litoral que nos queda, tenemos que favorecer los equipamientos públicos de índole cultural y deportiva, y el sistema de comunicaciones hay que perfeccionarlo bastante para mejorar los problemas de movilidad que ahora tenemos.