Contra la sumisión al poder político

En un viaje de estudios, el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín visitó en 1965 la fiscalía de Frankfurt y comprobó que ya entonces Alemania contaba con 37 fiscales dedicados a delitos fiscales y de corrupción. Corre el año 2003 y en España hay sólo 10 fiscales para dicho menester. Un ejemplo significativo de una de las importantes carencias de la democracia española en la lucha contra la corrupción. Faltan recursos, añadió Martín Pallín en la jornada de ayer del seminario Corrupción: causas, efectos y tratamiento jurídico, que se está desarrollando en la sede de la UIMP de Valencia. Y falta además que la Fiscalía General del Estado actúe con verdadera independencia del Gobierno, con imparcialidad, con transparencia.

No es una opinión personal de Martín Pallín. A lo largo del seminario se ha repetido lo que también recoge el Grupo de Estados Europeos contra la Corrupción (Greco), si bien las recomendaciones a España de este organismo independiente, su "llamada de atención ha sido tratada con cierta displicencia" por parte del Gobierno, según el magistrado. Un organismo nada sospechoso de antiliberal como el Instituto Fraser, de Canadá, destacaba en un informe de julio la falta de independencia judicial de España (con una puntuación que cae del 7,5 al 5), además del excesivo intervencionismo económico del Gobierno de Aznar.

"Ningún partido ni Gobierno quiere soltar el control de la Fiscalía General del Estado", sostuvo Martín Pallín en tono crítico, al tiempo que incidía en que "en ningún momento" el estatuto del organismo dice que el "gobierno puede dar órdenes al ministerio fiscal". El fiscal debe ser protagonista, agregó.

Al principio de su intervención, Martín Pallín homenajeó al ex fiscal de Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo por "encarnar los valores" de la transparencia, la sensibilidad y el buen funcionamiento, hasta el punto de que sostuvo -"entre comillas", dijo mirando a los periodistas- que "el fiscal general del Estado y el Ministerio de Justicia han cometido malversación de caudales públicos al prescindir de un valor de la sociedad". "Es un derroche", zanjó la cuestión antes de cargar las tintas contra el Gobierno y los medios de comunicación, públicos y afines, que organizan campañas contra jueces y fiscales, a los que tildan de estrellas cuando actúan en contra de sus intereses. "Se usan medios públicos para deslegitimar el poder judicial o a un juez", explicó. Y para ello los políticos utilizan argumentos del tipo "nosotros somos los representantes del pueblo...", como si el poder judicial no estuviera contemplado en la Constitución. Todo ello conduce a las descalificaciones que el presidente italiano Silvio Berlusconi dirige a los jueces y fiscales, a los que llama descerebrados.

Martín Pallín se mostró muy preocupado por el desgaste del sistema democrático, a propósito del caso de la Comunidad de Madrid o de la extensión de opiniones sobre la corrupción del tipo "si roba, pero al menos trabaja", porque un alcalde ha hecho una rotonda o un jardín; o ésa que sostienen algunos economistas relativa a que la corrupción incentiva el consumo. El consumo de yates o de BMW, apuntó el magistrado.

También subrayó Martín Pallín la importancia de dotarse de instrumentos rápidos para ser eficaces contra la corrupción, contra esos delincuentes que ya no proceden de la marginalidad o de las carencias efectivas o educativas de antaño. Habló, por ejemplo, de la pérdida del preciado tiempo que supone esperar el permiso del juez de garantías para pinchar un teléfono. En respuesta a una pregunta, el magistrado señaló que el caso Naseiro, en el que el Supremo anuló las grabaciones en las que salía, entre otros, el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, sentó doctrina y se estudia en las facultades. "Las escuchas son un método lícito de persecución", añadió.