El Gobierno vasco recurre en el Tribunal de Estrasburgo la ley que permitió ilegalizar Batasuna

El Gobierno vasco desencadenó ayer una doble ofensiva contra el Estado español y contra el Tribunal Supremo a sólo dos semanas de la presentación por parte del lehendakari, Juan José Ibarretxe, del plan soberanista para el futuro de Euskadi en la Cámara vasca.

El portavoz del Gobierno, Josu Jon Imaz, anunció la presentación de una demanda contra el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por la Ley de Partidos Políticos que permitió ilegalizar Batasuna. El Gobierno vasco entiende que la sentencia del Constitucional que rechazó su recurso contra la Ley de Partidos Políticos se dictó vulnerando algunos derechos fundamentales, entre otros, el de disponer de un juez imparcial y un proceso equitativo. Los nacionalistas argumentan que en el fallo participó el presidente del Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, pese a que previamente había hecho declaraciones a favor de la Ley de Partidos Políticos. Los juristas consultados por este periódico expresaron ayer serias dudas de que el Gobierno vasco esté legitimado para recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Por otra parte, la Mesa del Parlamento vasco, con los votos a favor de los tres partidos del Gobierno y los votos en contra de PP y PSE, aprobó un acuerdo en el que reconoce al grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, antes Batasuna, su derecho a cobrar la subvención que le niega el Tribunal Supremo. La iniciativa para reconocer el derecho a subvención del grupo ilegalizado por el Supremo partió del presidente de la Cámara vasca, Juan María Atutxa, contra el que se instruye una querella de la Fiscalía del Estado por un supuesto delito de desobediencia al Supremo.