El Gobierno pagará un 20% más a Vitoria para ayudas sociales, aunque no bastará para atender la demanda

El aumento en un 50% del número de solicitantes de las Ayudas de Emergencia Social (AES) en Vitoria ha desbordado las previsiones de la Administración. En julio, se reunieron Joseba Azkarraga, consejero de Justicia, y el alcalde Alfonso Alonso para buscar soluciones. Las dos instituciones aumentarán la asignación prevista, pero a pesar de todo resultará insuficiente para atender a los casi 3.500 demandantes de ayuda. El problema se ha agudizado y politizado en los últimos días, al hacer el alcalde un "llamamiento dramático" al Gobierno vasco, pidiéndole que efectúe los pagos pendientes.

Manuel Vigo, viceconsejero de Inserción Social, le contestó ayer. Recordó que el Gobierno ha presupuestado 2.096.000 euros este año para las ayudas sociales de Vitoria (20 millones para todo el País Vasco). Explicó que ese dinero se paga en trimestres y que sólo queda por abonar el último, a finales de este mes, y que, por tanto, no debe nada. Vigo añadió que, tras examinar el desarrollo del año, se ha previsto aportar otros "tres o cuatro millones adicionales", de los cuales a Vitoria le corresponderán "de 300.000 a 400.000 euros más" de los previstos en principio, es decir, que pagará al final "entre un 15 y un 20% más" a la capital alavesa. El viceconsejero pidió a Alonso que no abra "polémicas estériles" y que deje que este asunto "se siga tratando desde el ámbito técnico".

El Gobierno, consciente de que las AES han perdido su sentido original de ayudar a solucionar problemas concretos, quiere rediseñarlas para que no se conviertan en permanentes. En esa reflexión ha querido involucrar a los ayuntamientos. Esta semana, el de Vitoria ha comunicado qué técnicos participarán en el debate. En las próximas semanas, miembros del Gobierno se reunirán con los representantes de las tres capitales para buscar soluciones.

En cualquier caso, existe un problema a corto plazo. Para cubrir las AES en Vitoria se necesitarán siete millones de euros y de momento sólo hay asegurados 2,4 millones del Gobierno, otro tanto del Ayuntamiento y 500.000 euros de la Diputación.